Con 74 votos a favor y 22 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó
esta semana, en segundo debate, el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú, el
cual pasa ahora a estudio de la Cámara de Representantes en donde se espera un
trámite menos traumático del que enfrentó dicha iniciativa en los últimos tres años.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, fue
suscrito por 24 países de la región el 4 de marzo de 2018 en la población de Escazú,
Costa Rica. En este documento, los firmantes se comprometen en la defensa del
medio ambiente y en la necesidad de que las decisiones que lo afecten se tomen con
la participación de la comunidad, así como también a trabajar en la protección de los
líderes ambientales.

El Acuerdo de Escazú debía ser ratificado por los respectivos Congresos de los
países firmantes y hasta ahora lo han hecho 13 de ellos, el últimos fue Chile bajo el
gobierno del actual presidente Gabriel Boric Font.

En nuestro país, el Presidente Iván Duque había puesto el tema en consideración del
Congreso, pero la propia bancada de gobierno, encabezada por el Centro
Democrático, se había encargado de impedir su trámite normal. Así lo señaló el ex
diputado y ex asesor de la dirección de la Cárder, Luis Arturo Arroyave Martínez:

“En Colombia desde el 2019 el Presidente Duque comenzó a tramitar esta
aprobación en el Congreso pero sin mayor compromiso por parte de la bancada de
gobierno y nunca tuvo el trámite pertinente. Ahora con el cambio de la correlación
de fuerzas políticas en el Congreso el primer acto de la nueva bancada del gobierno –
que aún no se posesiona- fue tramitar el acuerdo aprobado por inmensa mayoría en
el Senado y ahora va para estudio de la Cámara”.

Agregó que Escazú “es de gran importancia para los temas ambientales en
Colombia, en especial lo relacionado con la minería, la explotación de recursos del
subsuelo, la conservación de los páramos y el cuidado de los dirigentes
ambientales”.

Al ser consultado sobre la posición que han asumido algunos dirigentes políticos,
entre ellos el ex presidente Álvaro Uribe, con el argumento de que Escazú representa
un desconocimiento a la soberanía nacional y una ideologización del tema
ambiental, Arroyave Martínez afirmó: “El tema ambiental no tiene ideología, es un
asunto de la humanidad, de preservación de la especie humana y en ningún tratado
filosófico existe el tema ambiental. Por lo tanto, no es que se haya ideologizado el
tema ambiental, sino que es competencia de todos los habitantes del planeta tierra,
en particular de nosotros los colombianos”.

Explicó que Escazú no atenta contra la soberanía nacional, pero sí contra los
intereses de aquellos que están deforestando las selvas, de los que están
pretendiendo afectar la riqueza hídrica con el fracking y de quienes están
promoviendo la explotación minera a cielo abierto.

Una vez quede en firme el acuerdo cualquier determinación que se vaya a tomar en
el territorio debe tener la participación de la comunidad. “No hay otra manera, es
democratización las decisiones sobre el territorio y allí tienen que estar los
habitantes, no solo los entes gubernamentales. La comunidad puede exigir consultas
populares para opinar sobre estos asuntos”, dijo Arroyave.

En efecto, Escazú determina la participación pública en los procesos de toma de
decisiones ambientales que incluye -entre otras cosas- garantizar los mecanismos de
participación relacionados con proyectos o actividades que tengan o puedan tener
impactos negativos sobre el medio ambiente, promover la participación en procesos
de toma de decisiones que afectan el medio ambiente como el ordenamiento
territorial y la elaboración de políticas públicas con potencial impacto sobre el
ambiente.

Para los proyectos de explotación minera que cursan en Risaralda y los cuales han
recibido abiertas voces de rechazo, en especial en Belén de Umbría, Mistrató y Apía,
el Acuerdo de Escazú se puede convertir en una tabla de salvación ante la amenaza
de la megaminería a los recursos naturales.

Alcances de Escazú
El ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, como
se le denomina, tiene por objeto “garantizar la implementación plena y efectiva en

América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental,
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a
la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las
capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada
persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano
y al desarrollo sostenible” (tomado del acuerdo)

La parte central del Acuerdo trae los siguientes capítulos: 1. Acceso a la
información ambiental. 2. Generación y divulgación de información ambiental. 3.
Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. 4. Acceso
a la justicia en asuntos ambientales. 4. Defensores de los derechos humanos en
asuntos ambientales. 5. Fortalecimiento de capacidades.