Consejo de Estado discutirá pérdida de investidura a congresistas que donaron a la “Vaca por Antioquia”

El Consejo de Estado ha fijado la fecha para la audiencia en la que se discutirá la posible pérdida de investidura de diez congresistas que participaron en la iniciativa “Vaca por Antioquia”, promovida por la Gobernación de Antioquia. La audiencia se llevará a cabo el miércoles 19 de junio a las 9:00 de la mañana.

La “Vaca por Antioquia” es una campaña lanzada este año con el objetivo de recaudar fondos para completar varias obras de las autopistas 4G en el departamento. Los congresistas involucrados en este proceso son Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Guerra Hoyos, Paola Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina, Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez.

El caso comenzó a principios de abril cuando el Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el abogado Carlos Mario Patiño. En la demanda, Patiño argumenta que los congresistas violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al aportar recursos a la colecta, sugiriendo que esto equivaldría a celebrar un contrato con la Gobernación de Antioquia.

Según el demandante, los parlamentarios habrían incurrido en la causal de violación del régimen de inhabilidades según el artículo 180-2 de la Constitución, que prohíbe a los congresistas gestionar asuntos ante entidades públicas en nombre propio o ajeno, o celebrar contratos con estas.

En respuesta a la controversia, la Gobernación de Antioquia, liderada por el gobernador Andrés Julián Rendón, ha sostenido que no hubo irregularidades en la iniciativa y ha ofrecido reembolsar los recursos a los parlamentarios para cesar las acciones en su contra.

Los congresistas implicados han presentado diversos argumentos para defenderse. Algunos, como Andrés Guerra Hoyos, Esteban Quintero Cardona y John Jairo Berrío López, han afirmado que los fondos donados no provenían de sus cuentas bancarias. Otros han cuestionado la formulación de la demanda, alegando que confunde la celebración de un contrato con una donación, una figura legalmente permitida para atender las necesidades de los electores.

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