En varios municipios del departamento de Risaralda, se han desatado escándalos de corrupción que involucran a ex mandatarios y funcionarios públicos. Estos casos reflejan una problemática constante en la gestión administrativa y la transparencia en la contratación pública. A continuación, se detallan algunos de los incidentes más destacados que han captado la atención de la opinión pública y las autoridades judiciales.
Pereira
El caso más reciente se presentó el pasado 21 de junio, cuando se llevó a cabo la captura del exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López. La investigación de la Fiscalía 20 seccional de Administración Pública de Risaralda, por el presunto detrimento patrimonial en la construcción de la Avenida de los Colibríes de Pereira, empezó a arrojar resultados. También fue detenido el exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado García.
Este operativo sin precedentes en la ciudad se produjo cinco meses después de que el director regional de Fiscalías, César Bolaños, anunciara el inicio de la investigación, que contó con peritos especializados en el área provenientes de la ciudad de Bogotá. Estos peritos realizaron varias visitas a la Avenida de los Colibríes y, tras estudiar la obra, encontraron serias irregularidades al contrastar la realidad de la construcción con la documentación existente.
Entre estas irregularidades se destacan sobrecostos en algunos pagos, adiciones presupuestales injustificadas debido a una incorrecta auditoría de las obras y los gastos, y adecuaciones no realizadas, como los corredores biológicos, pasos de animales, iluminación, andenes, ciclovía y otras. Además, hubo faltas graves en la interventoría, ya que no se exigieron el cumplimiento de las especificaciones del contrato ni de los tiempos de ejecución.
Actualmente, los capturados se encuentran a la espera de que se resuelva la medida de aseguramiento que se les dictará, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de julio.
Balboa
El 19 de julio de 2022, el alcalde de Balboa, Humberto Vásquez Vásquez, fue arrestado e investigado por la Fiscalía Anticorrupción por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y tráfico de influencias, vinculado a la red delincuencial del fallecido senador Mario Castaño. Junto a él, fueron detenidos el jefe de control interno, Diego Franco, el secretario de Planeación, Víctor Sánchez, y la contratista María Isabel Morales Hidalgo, representante de la fundación Asociación Líderes Comunitarios Semillas.
Las capturas se emitieron por delitos de peculado por apropiación, contrato sin requisitos legales y tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Santiago Castaño y Juan Carlos Martínez, miembros de la organización, tenían acuerdos para recibir pagos por contratos en Balboa. El problema principal se centró en el contrato 023 de 2020 con la fundación Asociación Líderes Comunitarios Semillas, valorado en $50.800.000 para un estudio técnico de rediseño de la estructura organizacional y la planta de personal de la alcaldía. El contratista debía cumplir con 19 obligaciones, incluyendo la actualización del manual de funciones y la entrega de un nuevo organigrama.
El delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales se basó en la falta de capacidad adecuada de la fundación para ejecutar el contrato, a pesar de la existencia de entidades especializadas en el país. Expertos consideraron sospechoso el valor del contrato dada su complejidad y tiempo de ejecución.
Santa Rosa de Cabal
En el municipio de las Araucarias, dos mandatarios se vieron envueltos en líos judiciales y fueron capturados. El 12 de febrero de 2019, fue capturado Henry Arias Mejía, quien entonces fungía como alcalde. Se le imputaron cargos de peculado por apropiación y contratación con incumplimiento a requisitos legales.
El contrato cuestionado tenía como objetivo proveer alojamiento y alimentación a 100 agentes de la policía durante la temporada navideña de 2008, adjudicado el 3 de diciembre de ese año por 10 millones 300 mil pesos durante la administración de Luis Alejandro Martínez Tabares, quien ya había sido juzgado y condenado por este delito. La investigación reveló que el contrato no se ejecutó y que Arias, en ese entonces contratista, carecía de la capacidad para cumplir con los términos del contrato.
Además, Carlos Toro Ávila, quien fue alcalde del municipio durante el período 2012-2015 y candidato a suceder a Arias, fue capturado en junio de 2019 en relación con irregularidades en un convenio para la construcción de más de 8,000 viviendas. Toro había iniciado su campaña para la alcaldía de Santa Rosa de Cabal cuando se dio su captura.
La Fiscalía estaba investigando posibles irregularidades en el convenio para la construcción de 8,051 viviendas, relacionado con el proyecto Portal de los Guaduales. La Contraloría de Risaralda encontró que una exención tributaria otorgada a los constructores resultó en una pérdida aproximada de 600 millones de pesos para el municipio en licencias de urbanismo e impuestos de delineación. Los detenidos enfrentarían cargos por peculado por apropiación, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y contratación sin cumplimiento de requisitos legales. Se solicitó medida de aseguramiento en prisión para los capturados.
Marsella
En septiembre de 2020, el entonces alcalde del municipio de Marsella, Alberto Rivera Cifuentes, fue capturado bajo sospecha de irregularidades en los procesos de contratación del servicio de transporte escolar para la zona rural. La Fiscalía investigaba un contrato de más de 175 millones 352 mil pesos, supuestamente firmado con la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Marsella, la cual se cuestionaba por su idoneidad y capacidad financiera para ejecutar el contrato. Además del alcalde, fueron detenidos su hermano, Nelson Rivera Cifuentes, representante legal de la cooperativa de transportadores, Albeiro de Jesús Colorado Murillo de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, y Héctor Darío Montoya Arroyave, secretario de Gobierno del municipio.
Tras un año de proceso, el alcalde Alberto Rivera Cifuentes, junto con su hermano y el secretario de Gobierno, fueron puestos en libertad debido al vencimiento de términos procesales. La defensa argumentó que no hubo malversación y que el servicio se prestó adecuadamente, aunque fue suspendido temporalmente durante la pandemia.
Dosquebradas
En septiembre de 2019, el entonces mandatario del municipio industrial, Fernando Muñoz, fue capturado junto con otras 11 personas debido a su presunta participación en una estructura que se había concertado en 2016 para apropiarse y direccionar los contratos del manejo de basuras del municipio. Se investigaban presuntas irregularidades que superaban los mil millones de pesos. Investigadores de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía habían identificado supuestas irregularidades en cuatro convenios de asociación suscritos entre la Alcaldía de Dosquebradas y un contratista específico, al que se le habían adjudicado diversas actividades, incluyendo la recolección, transporte y disposición final de residuos especiales de basura, el manejo de escombros, el mantenimiento de pozos sépticos en sitios rurales, y actividades relacionadas con la tenencia de animales como la vacunación y esterilización de perros y gatos callejeros.
En septiembre de 2020, Muñoz Duque fue trasladado a detención domiciliaria debido a problemas de salud y la pandemia de COVID-19, decidiendo que continuara su medida de aseguramiento en casa.
