En un operativo conjunto, la Policía Nacional de Colombia y la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) incautaron 3.000 millones de pesos (aproximadamente 765.126 dólares) pertenecientes a narcotraficantes. El dinero, escondido en paquetes de comida para perro, fue descubierto en el municipio de Chachagüí, Nariño, y una persona fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía.
Los paquetes incautados contenían billetes de 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 y 2.000 pesos colombianos. Según las autoridades, el dinero provenía de Cali y tenía como destino Tumaco, donde se utilizaría para financiar nuevas actividades de tráfico de drogas. El objetivo era enviar estupefacientes desde la costa Pacífica hacia Centroamérica y Estados Unidos.
El general William Salamanca, director general de la Policía Nacional, destacó la importancia de este golpe a las finanzas del crimen organizado. “Este contundente golpe a las finanzas del crimen organizado hace parte del cumplimiento de la decisión del Encuentro de Comandantes de consolidar el control de ejes viales”, afirmó Salamanca.
La Policía Nacional ha intensificado sus controles mediante la creación de grupos especializados en diversas regiones del país, incluyendo Magdalena, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Antioquia y Norte de Santander. Estos grupos están conformados por expertos en inteligencia, investigación criminal, antinarcóticos, tránsito y turismo, y protección de comandos especiales.
La colaboración con la DEA subraya la importancia de los esfuerzos conjuntos entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. La incautación de estos 3.000 millones de pesos representa un avance significativo en el debilitamiento de las estructuras financieras del crimen organizado, que utiliza diversas estrategias para el tráfico de drogas, armas y contrabando a través de las carreteras colombianas.
Las autoridades continúan trabajando para desmantelar las redes de narcotráfico y contrabando en Colombia. La operación en Chachagüí es solo un ejemplo de los esfuerzos permanentes para garantizar la seguridad y estabilidad en las regiones afectadas por estas actividades ilícitas.
