Los expresidentes colombianos Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) han sido aceptados como testigos en el juicio del coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía, acusado de 72 ‘falsos positivos’ (ejecuciones de civiles). El juicio se llevará a cabo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP, en un comunicado este martes, informó que su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad aceptó la solicitud del oficial retirado de incluir a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango como testigos.
“El juicio público comenzará el 16 de septiembre de 2024 en la ciudad de Valledupar, capital del departamento caribeño de Cesar”, agregó la JEP.
Durante la primera audiencia preparatoria del proceso adversarial transicional contra Mejía, llevada a cabo hoy, el coronel retirado no aceptó los cargos en su contra.
En julio del año pasado, los fiscales de la JEP solicitaron 20 años de cárcel para Mejía por “los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura”, según anunció Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción.
Mejía fue comandante del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, y es uno de los altos mandos del Ejército que no ha reconocido los crímenes de lesa humanidad imputados por la JEP. Este tribunal especial surgido del acuerdo de paz de 2016 con la antigua guerrilla de las FARC ofrece penas no privativas de libertad a cambio de aportes y reconocimiento de verdad.
En 2022, este tribunal imputó a dos coroneles, entre ellos Mejía, y a 13 militares más por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano. Mejía no reconoció los hechos, por lo que la UIA presentó un escrito de acusación en su contra.
Los fiscales de la JEP deberán ahora probar en el juicio que Mejía cometió estos crímenes en alianza con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.
La JEP está investigando los llamados ‘falsos positivos’, y estima que 6.402 personas “fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, periodo que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe.
