Decisión histórica permite el reconocimiento de zonas campesinas en áreas protegidas, en el marco de acuerdos con campesinos que tomaron la sede de la Agencia Nacional de Tierras.
El gobierno del presidente Gustavo Petro está a punto de dar un paso significativo hacia el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en áreas que han sido históricamente protegidas de la deforestación. Esta decisión se deriva de los acuerdos alcanzados con los campesinos que ocuparon la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá, en un movimiento que amenazaba con convertirse en un paro nacional agrario debido a la percepción de “avances lentos” en la implementación de la reforma agraria.
Las negociaciones, que se llevaron a cabo entre el 8 y el 11 de julio en la sede del Ministerio del Interior, culminaron con 31 acuerdos, uno de los cuales busca cambiar la visión del Estado sobre la protección de los recursos naturales desde 1959. “Uno de los acuerdos está a cargo de los ministerios de Agricultura y Ambiente, que iniciarán el proceso de estudios y materialización de sustracción de Ley Segunda para Zonas de Reserva Campesina (ZRC)”, indicó el Ministerio de Agricultura.
Las ZRC, reglamentadas desde 1994, no son una novedad del gobierno actual. Actualmente, existen 14 ZRC reconocidas, de las cuales siete fueron aprobadas durante la gestión del presidente Petro, abarcando unas 440,000 hectáreas. Estas zonas permiten controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria, facilitan la ejecución de políticas de desarrollo rural, protegen los recursos naturales y regulan la ocupación de tierras baldías, favoreciendo a los campesinos de escasos recursos.
La Ley Segunda, sancionada en 1959 por el presidente Alberto Lleras, estableció las zonas de reserva forestal y prohibió la explotación del suelo en estas áreas. En 1996, cuando surgieron las ZRC, el decreto que las reglamentó también prohibió el asentamiento de campesinos en estas zonas protegidas, creando una barrera para que los campesinos asentados allí accedan a títulos de propiedad.
Eliécer Morales, vocero de la Agenda Nacional Campesina, argumenta que esta prohibición desconoce varios contextos, incluyendo el desplazamiento forzado de campesinos durante el conflicto armado y su actual arraigo a las tierras ocupadas. Además, señala que los campesinos son los principales interesados en conservar el medio ambiente, ya que dependen de él para su sustento.
En Colombia, de los 170 municipios incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (una iniciativa derivada del Acuerdo de Paz de 2016), 98 se encuentran en zonas de reserva forestal, con una población de al menos 11 millones de habitantes. Hasta ahora, hay 28 solicitudes de campesinos buscando ser reconocidos en ZRC, de las cuales nueve están en zonas de reserva forestal. Los campesinos han insistido en su compromiso de mantener altos estándares de protección ambiental.
Un informe de Oxfam de 2018 reveló que en Colombia, el 1% de las fincas acapara el 81% de la tierra productiva, mientras que el 99% de los campesinos se reparte el 19% restante. El reconocimiento de las ZRC en áreas protegidas podría ayudar a resolver el problema de la distribución de tierras en el país.
El Gobierno Petro se ha comprometido a comprar un millón de hectáreas durante su mandato, pero hasta ahora solo ha alcanzado las 104,000 hectáreas. La Reforma Agraria, prometida en el punto 1 del Acuerdo de Paz de 2016, establecía la entrega de tres millones de hectáreas.
El Ministerio de Ambiente anunció recientemente que se había logrado la cifra más baja de deforestación registrada, con una reducción del 36%, pasando de 123,517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79,256 en 2023. Para mantener esta tendencia, el gobierno estudia la posibilidad de entregar títulos verdes a los campesinos o títulos hereditarios del uso del suelo, con estrictos planes de manejo para cada cultivo.
La exministra de Agricultura, Cecilia López, ha criticado la gestión actual de la reforma agraria y la entrega de tierras, señalando que los procesos se han acelerado en detrimento de la rigurosidad. Con la llegada de la nueva ministra, Martha Carvajalino, se espera corregir el rezago en el cumplimiento de estas metas.
