El 20 de enero de 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro hizo un anuncio que llenó de esperanza a las comunidades indígenas de La Guajira: la llegada de agua potable a través de 40 carrotanques, gestionados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, esa promesa que en principio pareció un salvavidas, se ha convertido en un símbolo de desilusión y corrupción.
El plan, que se presentó con bombos y platillos, fue visto como un paso crucial para mitigar la crisis de acceso al agua en una de las regiones más secas y empobrecidas de Colombia. Las comunidades wayúu, tradicionalmente vulnerables, aguardaban ansiosas la llegada de los carrotanques, ya que el agua potable era escasa y los pozos contaminados eran su única fuente. Pero con el paso de los meses, la esperanza se fue desvaneciendo.
En febrero, comenzaron los problemas. Los carrotanques no arrancaban, los papeles y las pólizas estaban enredados en trámites burocráticos, y las comunidades seguían esperando bajo el sol abrasador. La UNGRD, para calmar las críticas, produjo videos que supuestamente mostraban algunos vehículos repartiendo agua. Sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente y pronto surgieron denuncias de que muchos de estos carrotanques nunca llegaron a su destino.
La crisis estalló en mayo, cuando el escándalo por los sobrecostos y las acusaciones de corrupción pusieron bajo la lupa a la UNGRD. Funcionarios fueron señalados y las investigaciones se multiplicaron. Para ese entonces, ya era evidente que la promesa de agua se había desvanecido.
Hoy, en septiembre, nueve meses después del anuncio, los carrotanques descansan, abandonados y oxidados, en dos batallones del Ejército en Uribia y Riohacha. Los vidrios rotos y las llantas en ruinas son un recordatorio amargo de la inacción. “Desde que trajeron esos camiones, yo nunca he visto ninguno repartiendo agua”, dijo un habitante de La Guajira en un reporte en vivo de Noticias Caracol.
Las comunidades wayúu siguen saciando su sed en pozos contaminados, mientras los vehículos, destinados a aliviar su sufrimiento, se desmoronan. “Esos carrotanques no pueden convertirse en un símbolo de corrupción, no en un resguardo indígena”, declaró José Silva Duarte, director de la ONG Nación Wayú. Los líderes sociales, como Eudes Romero, exigen explicaciones del presidente Petro y de las autoridades judiciales. “¿Qué pasa con este tema? Queremos saber quiénes son los responsables de este masivo y funesto robo hacia los niños indígenas wayúu”, afirmó con indignación.
El caso de los carrotanques de la UNGRD es un claro ejemplo de una promesa fallida, una que sigue afectando a quienes más necesitan soluciones urgentes. Mientras la justicia no avance y el agua no llegue, las comunidades de La Guajira continuarán sobreviviendo de pozos sucios y esperanzas rotas.
