En un nuevo capítulo del caso Coosalud, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, y la Superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, anunciaron este jueves nuevos hallazgos relacionados con el manejo de recursos de la EPS Coosalud. En una rueda de prensa conjunta, ambos funcionarios revelaron deudas adicionales por 229.750 millones de pesos, que se suman a los 206.000 millones ya identificados, acumulando así un total de 434.000 millones de pesos comprometidos en movimientos contables irregulares.
“Este monto equivale a recursos que podrían haber sido destinados a salvar vidas, como la diálisis para 30.000 personas, cirugías de mediana complejidad para 60.000, tratamientos de quimioterapia para 50.000 pacientes, la atención anual de 5.000 personas con VIH, o 500.000 consultas por especialistas”, destacó el Superintendente Rubiano. Este desvío, según las autoridades, representa una grave amenaza a la sostenibilidad del sistema de salud y al acceso a servicios esenciales.
Uno de los hallazgos más preocupantes es un préstamo de 10.000 millones de pesos otorgado a Coosalud Inversa para la compra de una casa destinada a un proyecto coworking, la cual posteriormente fue arrendada a la misma EPS por 1.000 millones de pesos mensuales. Rubiano calificó esta práctica como “lamentable” y evidenció la falta de control en el manejo de recursos destinados al bienestar de los afiliados.
Por su parte, la Superintendente Navarro abordó las presuntas inconsistencias en los estados financieros y pasivos de las entidades vinculadas al grupo Coosalud, señalando también posibles riesgos de lavado de activos por más de 3.000 millones de pesos no identificados. Navarro explicó que la alianza estratégica entre las dos superintendencias buscará un seguimiento más riguroso y efectivo para determinar el destino real de estos recursos y corregir las anomalías detectadas.
Ambas entidades trabajan de manera conjunta con organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de establecer responsabilidades y realizar investigaciones exhaustivas para garantizar que estos recursos se destinen de manera efectiva en beneficio de los afiliados. Los superintendentes resaltaron que se cerrará cualquier brecha que permita el desvío de fondos en el futuro.
Este segundo capítulo del caso Coosalud refleja una serie de deficiencias en la gestión de recursos, mostrando la urgencia de fortalecer el control y la transparencia en el manejo de los fondos destinados a la salud de los colombianos.
