Diego Tulande, un destacado líder social y Fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda Cerro Rico, en el municipio de Buga, Valle del Cauca, se ha convertido en la más reciente víctima de la violencia contra líderes sociales en Colombia.
Su asesinato ocurrió el pasado 21 de diciembre en una zona rural del municipio, cerca de un colegio, cuando hombres armados interceptaron a Tulande, lo abordaron y le dispararon, acabando con su vida de manera violenta. Este trágico evento resalta la persistencia de la violencia que afecta a los defensores de derechos humanos en el país.
De acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, se reportaron 186 alegaciones de homicidios de líderes sociales. De estas, 80 ya han sido verificadas, confirmando que el contexto de estas muertes está relacionado con su labor como defensores de derechos humanos. La violencia ha cobrado la vida de 69 hombres, 10 mujeres y una mujer trans, con un promedio alarmante de 16 muertes al mes.
El caso de Diego Tulande no fue incluido en el informe más reciente, pero refleja las preocupantes estadísticas que continúan afectando a esta población vulnerable. Del total de mujeres defensoras asesinadas, 2 eran indígenas, 1 afrodescendiente, 3 campesinas y 4 desempeñaban otros roles de liderazgo. Además, cinco de ellas eran miembros de juntas de acción comunal, como Tulande.
Las cifras son contundentes y demuestran que la violencia contra los líderes sociales en Colombia sigue siendo un problema urgente y sin solución visible a corto plazo. La comunidad internacional, el gobierno y las instituciones deben intensificar sus esfuerzos para garantizar la protección de estos defensores y defender los derechos fundamentales en regiones donde su labor es crucial.
