En la Comuna 13 de Medellín, el pasado reciente ha vuelto a iluminar una lucha que no se detiene. Las mujeres y las familias buscadoras han sido, por décadas, el faro que ha enfrentado la penumbra de la impunidad y el negacionismo institucional. Los recientes hallazgos de osamentas en La Escombrera son, más que un avance forense, un acto de justicia que reconfirma los testimonios de quienes, durante años, fueron calificados de “locas” por el Estado colombiano.
Desde que las madres, abuelas, hermanas y familiares comenzaron a exigir respuestas, su lucha no ha sido en vano. Fue el 30 de agosto de 2018 cuando el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado impulsó medidas cautelares, logrando que el año 2019 se establecieran protocolos de búsqueda. A partir de ese momento, la JEP asumió el compromiso de intervenir en La Escombrera, una fosa común urbana que, por más de dos décadas, ha sido un símbolo de las graves violaciones a los derechos humanos.
Tras 146 días de prospección y la remoción de 36,450 metros cúbicos de tierra, las estructuras óseas halladas no son solo restos, sino evidencia tangible del dolor, el sufrimiento y la negación estatal. Los buscadores, con sus corazones desgarrados, han mantenido firme la esperanza en medio de la desesperanza. “Nos dijeron que estábamos locas”, relatan, pero hoy la verdad emerge con una claridad que ya no puede ser tapada.
La responsabilidad del Estado colombiano es incuestionable. Las operaciones militares entre 2002 y 2003, bajo el mando de grupos paramilitares como el bloque Cacique Nutibara, dejaron una estela de crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que no pueden ser olvidadas. La indiferencia cómplice del gobierno ha sido parte del mecanismo que ha permitido la perpetuación del silencio y la injusticia.
Hoy, más que nunca, el Estado debe reconocer esta deuda histórica. Las mujeres buscadoras han sido las verdaderas protagonistas del resurgimiento de la verdad. Son ellas las que, desde la memoria, continúan siendo el sol que irradia contra la oscuridad de la impunidad.
En este marco, la reunión entre víctimas, familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de instituciones como la JEP, la UBPD, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, programada para el 26 de diciembre, debe trascender lo protocolario y dar paso a un compromiso real. No se trata solo de un acto simbólico, sino de acciones concretas que abonen al reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación.
Que La Escombrera, hoy reconocida como una fosa común urbana, se convierta en un espacio de memoria, honrando a las 502 personas desaparecidas y exigiendo garantías de no repetición. Que la lucha de las mujeres buscadoras no sea olvidada, y que su incansable resistencia sea un faro de justicia en medio de la oscuridad.
