En un nuevo episodio que agudiza las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, el gobierno argentino denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien fue acusado de “terrorismo” por la fiscalía venezolana. La presentación fue confirmada este jueves por la cancillería argentina, que calificó el caso como una “violación grave y flagrante de los derechos humanos”.
El hecho se produjo el pasado 8 de diciembre de 2024, cuando Gallo, de 33 años, fue detenido en territorio venezolano tras ingresar desde Colombia con el propósito de visitar a su pareja y a su hijo, quien cumple dos años este mes de enero. Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, el gendarme intentó ingresar “irregularmente” y lo acusó de conspiración y asociación para delinquir, alegando que su viaje encubría un “plan criminal”. Gallo permanece recluido en Caracas.
El gobierno argentino rechazó categóricamente estas acusaciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que Gallo ingresó “de manera absolutamente legal” y calificó su detención como un “secuestro”. Por su parte, el canciller argentino, Gerardo Werthein, criticó duramente a Saab, acusándolo de utilizar “retórica vacía” para justificar violaciones a los derechos humanos. “El caso de Nahuel Gallo será llevado a todas las instancias necesarias hasta garantizar su liberación y demostrar que las violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes”, enfatizó Werthein en un comunicado.
La denuncia presentada ante la CPI también señala un “patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad” en Venezuela, atribuyéndolos a las autoridades del país y situándolos bajo la jurisdicción del tribunal internacional con sede en La Haya. Este movimiento marca un nuevo punto de fricción en la ya tensa relación entre ambos países. Las relaciones diplomáticas entre el presidente argentino, Javier Milei, y su par venezolano, Nicolás Maduro, se rompieron el 28 de julio pasado, cuando Milei desconocía la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años.
En ese contexto, la embajada argentina en Caracas es actualmente custodiada por Brasil, y ha servido como refugio para colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, también acusados de “terrorismo” por el gobierno venezolano. Este caso refuerza las denuncias internacionales contra el régimen de Maduro por el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y actores de la comunidad internacional han comenzado a manifestar su preocupación por el caso de Nahuel Gallo, que promete ser un tema de debate en foros multilaterales y una prueba más de las tensiones en la región. La atención ahora se centra en las acciones que pueda tomar la CPI frente a esta denuncia y en la posibilidad de presiones internacionales para lograr la liberación del gendarme argentino.
