Líderes religiosos advierten sobre las graves consecuencias para el agua y la vida en El Salvador si la normativa entra en vigor.
Un grupo de sacerdotes católicos salvadoreños ha solicitado formalmente al presidente Nayib Bukele que vete la reciente Ley General de Minería Metálica, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 23 de diciembre. La normativa, que revierte la prohibición establecida en 2017, ha generado preocupación entre líderes religiosos, organizaciones ambientalistas y comunidades locales.
En un comunicado emitido por la Sociedad Cooperativa Sacerdotal (Coopesa), los sacerdotes manifestaron su inquietud por el impacto que la minería metálica podría tener en los recursos hídricos y los ecosistemas del país. “La preocupación principal de los sacerdotes de la Coopesa es el impacto que la extracción minera tendrá sobre el agua y todo tipo de vida animal y vegetal”, señalaron.
Un llamado a la conciencia social y política
Respaldándose en las palabras del Papa Francisco, los sacerdotes enfatizaron que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.
Asimismo, hicieron un llamado a pastores evangélicos, líderes religiosos, ciudadanos y activistas para que se unan en la defensa del medioambiente. “Instamos a que se busquen con creatividad formas de organización, concientización y resistencia frente a esta amenaza al bienestar colectivo”, agregaron.
Presión a los diputados católicos
El pronunciamiento también incluyó un mensaje directo a los diputados que profesan la fe católica, instándolos a aplicar la objeción de conciencia frente a leyes que atenten contra los principios cristianos. “El desarrollo económico es importante para nuestra sociedad, pero no a costa de la salud y de la vida de los ciudadanos”, advirtieron.
Una ley polémica y acelerada
La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con 57 votos de los 60 diputados del Congreso, dominado por el oficialismo. Esta nueva normativa deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en 2017 como respuesta a los graves impactos ambientales derivados de esta práctica.
El retorno de la minería metálica ha sido fuertemente criticado por ambientalistas, universidades y organizaciones comunitarias, quienes advierten que El Salvador, siendo uno de los países con mayor estrés hídrico en la región, no puede permitirse los riesgos inherentes a esta industria.
El dilema presidencial
El presidente Nayib Bukele enfrenta ahora una decisión crucial: respaldar la normativa aprobada por su bancada legislativa o escuchar el llamado de los líderes religiosos, ambientalistas y la sociedad civil. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro ambiental del país sigue creciendo.
La comunidad católica, junto con diversas organizaciones, ha anunciado que continuará sus esfuerzos de concientización y movilización hasta obtener una respuesta clara del mandatario.
