La Fiscalía General de la Nación ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia abrir una investigación contra 28 congresistas de diversos partidos políticos por su presunta participación en irregularidades en la contratación dentro del Instituto Nacional de Vías (Invías). Esta petición surge tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según informó el ente acusador, la lista de investigados incluye legisladores de los partidos Alianza Verde, La U, Conservador y Liberal, entre ellos el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. La Fiscalía busca determinar si estos funcionarios tuvieron participación en la asignación irregular de contratos dentro de Invías, un caso que ha despertado preocupación en la opinión pública por la posible malversación de recursos públicos.
Lista de congresistas investigados
Los parlamentarios mencionados en la solicitud de la Fiscalía incluyen a:
- Efraín Cepeda (Partido Conservador)
- Juan Loreto Gómez
- Olga Lucía Velásquez Nieto
- Katherine Miranda
- Wilmer Carrillo
- Daniel Restrepo
- Wadith Manzur
- Julián Peinado
- Wilmer Castellanos Hernández
- Silvio José Carrasquilla
- Álvaro Henry Monedero Rivera
- Elkin Rodolfo Ospina
- Wilder Escobar Ortiz
- Milena Jaraba Díaz
- Sandra Aristizábal
- Kelyn Johana González Duarte
- Yamil Arana
- Juliana Aray Franco
- Néstor Leonardo Rico
- Wilmer Yesid Guerrero Avendaño
- Juan Diego Echavarría
- Jairo Alberto Castellanos Serrano
- Juan Carlos Garcés
- Juan Pablo Gallo Maya
- José Alfredo Gnecco
- Liliana Bitar Castilla
- Karina Espinosa
Las investigaciones preliminares apuntan a que estos congresistas habrían intervenido en la asignación de contratos a cambio de beneficios económicos o políticos. La Corte Suprema de Justicia, de aceptar la solicitud de la Fiscalía, iniciará el proceso de indagación para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los mencionados.
Implicaciones del caso
Este nuevo capítulo de presunta corrupción sacude al Congreso en un momento en que la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas se encuentra debilitada. Organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos han exigido claridad y celeridad en la investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables en caso de confirmarse las irregularidades.
Por su parte, algunos de los congresistas implicados han negado cualquier vínculo con actos de corrupción y han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades. Sin embargo, el desarrollo de este proceso judicial podría tener repercusiones en el panorama político nacional, aún más con la cercanía de futuras elecciones legislativas.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y ha asegurado que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. La decisión final sobre la apertura formal del proceso queda ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
