Tras la tragedia vial ocurrida el pasado 24 de mayo en el sector del puente Helicoidal de La Línea, donde murieron 10 personas en un accidente con un vehículo de transporte especial, la Superintendencia de Transporte abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra tres actores clave del sector.
Las compañías TRANS LOGYTOUR S.A.S. —propietaria del vehículo involucrado—, TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ GAMBOA y CÍA SCA, y el Centro de Diagnóstico Automotor CENDA DIAGNOSTICENTRO S.A. de Armenia fueron señaladas por presuntas irregularidades en la prestación del servicio y el cumplimiento de normas técnicas.
En el caso de TRANS LOGYTOUR S.A.S., la Superintendencia expidió dos resoluciones. La primera, la N.º 10539 del 30 de mayo de 2025, formuló cinco cargos por presunto incumplimiento de obligaciones legales y omisión en la entrega de información. La segunda, la N.º 10701 del 6 de junio, formuló siete cargos adicionales por irregularidades detectadas el día del accidente.
Por su parte, TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ GAMBOA y CÍA SCA fue vinculada a la investigación al ser la empresa contratada por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, entidad que habría solicitado el servicio de transporte.
En el frente técnico, el CDA CENDA DIAGNOSTICENTRO S.A., encargado de la revisión técnico-mecánica del vehículo con placas TBK683, también fue objeto de investigación. Según el informe del operador SICOV, el proceso de inspección no se habría realizado conforme a la norma técnica colombiana. Como medida preventiva, se ordenó la suspensión de su habilitación y la desconexión del sistema RUNT por hasta seis meses o hasta que se subsanen las irregularidades.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, declaró que estas actuaciones son el resultado de una reacción inmediata y coordinada del sector. “Nuestro deber es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y que los responsables rindan cuentas. La seguridad vial es prioridad para el Gobierno Nacional”, afirmó.
A su vez, el superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave hizo un llamado contundente a las empresas del sector: “No dudaremos en actuar con rigurosidad. Los operadores de transporte tienen una responsabilidad ineludible con la vida de los usuarios”.
Sanciones y proceso
Si se comprueba la responsabilidad de las empresas investigadas, cada cargo podría acarrear sanciones de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al artículo 46 de la Ley 336 de 1996. No procede recurso alguno contra la apertura de las investigaciones, según las leyes 336 de 1996 y 1437 de 2011.
El accidente ocurrido en uno de los corredores viales más críticos del país sigue generando repercusiones legales y un llamado urgente a reforzar los controles sobre el transporte especial.
