La consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro para el próximo 7 de agosto, con el fin de preguntar a los colombianos sobre temas laborales, está en veremos. Así lo confirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien aseguró que la Registraduría Nacional del Estado Civil aún no ha emitido un concepto definitivo sobre la viabilidad de la medida.
Durante una rueda de prensa celebrada este domingo, Penagos afirmó que la entidad está analizando minuciosamente el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, el cual plantea la realización de una consulta popular en temas como formalización del empleo, garantías laborales y condiciones de trabajo. Sin embargo, el camino jurídico del decreto es complejo, especialmente luego de que el Senado de la República negara la iniciativa en sesión del 14 de mayo.
“La Registraduría, con todo su equipo jurídico, está estudiando con el rigor debido ese decreto, así como la decisión que adoptó el Senado de la República y que está certificada y radicada ante la entidad”, afirmó Penagos, indicando que el pronunciamiento oficial se dará entre el 16 y el 20 de junio.
El registrador también reveló que actualmente cursan ante diversas instancias judiciales más de 30 demandas por nulidad simple contra el decreto, además de al menos seis acciones de inconstitucionalidad y unas 80 tutelas relacionadas con la convocatoria.
El alto funcionario insistió en la necesidad de evaluar con juicio cada una de las implicaciones del decreto firmado por el presidente Petro y varios de sus ministros. Además, enfatizó que, más allá de los anuncios del Ejecutivo, el proceso debe respetar tanto la institucionalidad como el marco jurídico vigente.
“Se hace necesario estudiar con mucho rigor y juicio esa convocatoria, así como las demás solicitudes que han llegado a la entidad. Insisto: en los próximos días la Registraduría se pronunciará de fondo”, reiteró.
Simultáneamente, el decreto fue enviado a la Corte Constitucional para su control de legalidad. En una carta remitida al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo, formalizó la solicitud de revisión constitucional, acogiéndose a lo estipulado en el artículo 241 de la Constitución Política.
La propuesta de consulta popular ha generado un intenso debate en el país, no solo por el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también por los efectos legales y sociales que podría tener. Por ahora, el futuro de la convocatoria permanece incierto, a la espera del concepto de la Registraduría y del pronunciamiento de la Corte Constitucional.
