Por Pilar Salcedo Jiménez
A partir de ahora, las tutelas contra el presidente de la República, ya no serán conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado, sino por jueces de circuito, según lo establece el nuevo decreto expedido por el Gobierno Nacional.
El abogado constitucionalista Sebastián Martínez Rojas explicó que, si bien esta medida es legal, genera inquietudes jurídicas y políticas. “La Constitución indica que cualquier juez puede conocer tutelas, pero el Gobierno establece reglas de reparto para organizar el sistema”, señaló.
Hasta 2017, estas tutelas eran conocidas por tribunales superiores. En 2021, el gobierno de Iván Duque asignó esa función al Consejo de Estado. Ahora, el presidente Petro revierte ese cambio y traslada la competencia a jueces de menor jerarquía.
Para Martínez, la decisión podría tener una motivación política. “Viene precedida de fallos adversos al Gobierno por parte del Consejo de Estado. Aunque legal, parece buscar que las altas cortes no intervengan en estos casos”, advirtió.
Aun así, la Corte Constitucional ha reiterado que todos los jueces pueden conocer de tutelas, sin que la regla de reparto limite esa competencia. Por ello, incluso un juez en un municipio pequeño, si recibe una tutela contra el presidente, podría tramitarla.
“No era el momento político”
Por su parte, el exfiscal general y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, cuestionó la conveniencia política del decreto expedido por el Gobierno Nacional, que elimina la competencia del Consejo de Estado para conocer tutelas relacionadas con actos presidenciales y devuelve esta función a los jueces de circuito.
En diálogo con El Diario del Otún, el jurista advirtió que, si bien el presidente tiene la facultad reglamentaria para modificar el reparto de competencias en materia de tutela, la decisión actual resulta “inconveniente” y podría ser interpretada como una revancha política contra el alto tribunal administrativo.
“Desde el punto de vista puramente constitucional, el decreto puede tener sustento. Sin embargo, su emisión en este contexto político no es adecuada. Puede percibirse como una forma de desquite frente al Consejo de Estado”, afirmó Gómez Méndez.
Los riesgos
Uno de los principales reparos del exministro radica en que, con el nuevo decreto, serán cientos de jueces de circuito en el país —civiles, laborales, penales, administrativos— quienes podrán fallar tutelas contra decisiones presidenciales. Esto, en su concepto, genera un escenario de alta incertidumbre jurídica y una fragmentación de criterios.
“Pasamos de un solo juez colegiado y especializado, como el Consejo de Estado, a centenares de jueces unipersonales con distintos enfoques. Puede terminar siendo un tiro en el pie para el Gobierno, pues ya no será uno, sino muchos jueces quienes podrán pronunciarse contra sus actos”. Además, Gómez Méndez advirtió que el retiro del Consejo de Estado de estos procesos puede debilitar la imparcialidad que se requiere en la revisión de decisiones de alto impacto político.
La reversión de esta norma por parte del actual Gobierno no tendría una justificación jurídica de fondo, sino más bien una motivación política.
El dato
Analistas consultados por El Diario consideran que la pérdida del filtro del Consejo de Estado reduce la calidad del análisis intermedio y aumenta la carga en los niveles inferiores del sistema judicial.
