Por Pilar Salcedo Jiménez
La ley que está para sanción presidencial prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto hasta noviembre de 2025, entre otros aspectos.
La medida, que solo espera la firma del presidente Gustavo Petro, ha causado malestar entre encuestadoras, medios y organizaciones civiles, quienes aseguran no haber sido consultados y consideran que vulnera la libertad de expresión.
La norma fue impulsada por más de 30 congresistas de distintos partidos, incluyendo a Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia.
Para la Misión de Observación Electoral, cualquier cambio a las reglas debería aplicarse al menos un año antes de los comicios. La incertidumbre crece sobre el impacto real de esta norma en las elecciones de 2026.
El Diario del Otún consultó la opinión de Martín Orozco, gerente de Invamer, quien se refirió a los alcances de esta iniciativa.
¿Tomó de sorpresa a las firmas encuestadoras la promulgación de esta ley?
Sí. A pesar de que fue parte del código electoral que no fue aprobado por vicios de trámite, tomaron este capítulo independiente, convirtiéndolo en ley ordinaria, cuando se interpreta que era parte de las leyes estatutarias.
¿Qué información deberán entregar las firmas encuestadoras al CNE para garantizar la trazabilidad de los datos?
¡Todo! Eso significa que la ley atenta contra la libre competencia, contra la propiedad intelectual de las compañías que hacen parte de la industria, contra el derecho al trabajo, contra la ley de habeas data, ya que obliga a entregar las respuestas de cada encuestado. Además, el CNE termina siendo juez y parte, ya que es una institución de carácter político.
¿Qué preocupaciones se generan respecto a la entrega de listas de números telefónicos en las encuestas?
Atenta contra la protección de datos personales, y además se nota tanto el desconocimiento del tema, que las encuestas de intención de voto confiables no se realizan de manera telefónica, sino de manera personal en el hogar de los encuestados, porque de lo contrario se estarían excluyendo a todas aquellas personas que no tienen número telefónico. Este es un punto más que demuestra que no saben lo que están regulando.
¿Buscarán las firmas encuestadoras algún mecanismo o procedimiento para objetar esta ley?
El tema está en estudio, pero, por el bien de la democracia y de la libertad de informar y ser informado, tiene todas las bases para que esta ley ilógica sea objetada.
