Productores exigen cumplimiento de pactos, precios justos y protección frente a importaciones
Tras seis días de bloqueos y manifestaciones en las principales zonas arroceras del país, el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) alcanzaron un acuerdo preliminar que busca estabilizar la cadena del cereal y responder a las urgencias del sector productivo, que hoy enfrenta una profunda crisis económica.
El Ministerio de Agricultura confirmó en un comunicado que se acordó con Fedearroz y la industria arrocera un conjunto de medidas urgentes y estructurales que permitirán avanzar hacia la sostenibilidad de la cadena productiva del arroz. Una de las decisiones clave será la expedición de un acto administrativo que establezca un régimen de libertad regulada, el cual fijará un precio mínimo de referencia tanto para el arroz paddy verde como para el arroz blanco.
“El objetivo es garantizar un abastecimiento estable y el acceso de los consumidores, al tiempo que se asegura un ingreso digno para los productores”, señaló la cartera de Agricultura.
La situación se tornó crítica en los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, Arauca, Cesar, Santander y Norte de Santander, donde los campesinos y productores mantienen bloqueadas varias vías en protesta por los bajos precios, el incumplimiento de acuerdos anteriores y la falta de apoyo ante la competencia internacional.
Óscar Gutiérrez, presidente de Dignidad Agropecuaria, explicó a Blu Radio que se ha llegado a un principio de acuerdo con el Ejecutivo para instalar el próximo lunes una mesa de negociación:
“Tenemos claro, tanto el Gobierno como nosotros, que no es momento de dialogar, sino de negociar los puntos del pliego de peticiones”.
Crisis de rentabilidad y llamados al cumplimiento
Los arroceros denuncian que actualmente pierden hasta 2,8 millones de pesos por hectárea debido a los bajos precios del cereal, lo que pone en riesgo la subsistencia de pequeños y medianos productores y amenaza con la quiebra de miles de familias.
Este es el segundo paro nacional del gremio en lo que va del año. El primero, realizado en marzo, fue suspendido tras promesas del Gobierno que, según los manifestantes, no se han cumplido.
Del sector dependen cerca de 500.000 familias, es decir, unos 2,5 millones de personas en todo el país. Las zonas de mayor producción están en los Llanos Orientales (Meta y Casanare) y el centro del país (Tolima y Huila).
Entre las exigencias del sector se encuentran:
Establecimiento de precios justos para el arroz nacional.
Regulación efectiva de la producción y comercialización.
Protección al cultivo semestral de arroz, considerado estratégico.
Revisión urgente de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Mayor control al contrabando.
En respuesta a este último punto, el Gobierno anunció esta semana operativos especiales contra el ingreso ilegal de arroz y papa por la frontera con Ecuador.
Pese a la crisis, el Ministerio de Comercio destacó que el 94 % del arroz consumido en el país en 2024 fue de origen nacional, un dato que refleja la importancia de la producción interna en la seguridad alimentaria del país.
