Colombia reafirma la prohibición de su caza comercial, mientras otros países exploran modelos de aprovechamiento controlado del roedor más grande del mundo.
El chigüiro, también conocido como capibara o carpincho, ha sido históricamente uno de los animales más representativos de los humedales suramericanos. Este roedor gigante, de costumbres sociales y semiacuáticas, ha captado la atención tanto de científicos como de comunidades rurales que lo han considerado una fuente de alimento. Sin embargo, su conservación ha ganado protagonismo en los últimos años debido al avance de legislaciones ambientales que promueven el respeto por los animales como seres sintientes.
En Colombia, el Ministerio de Ambiente reiteró recientemente que no se autorizará la cacería comercial del chigüiro, desmintiendo rumores sobre un supuesto proyecto de reglamentación para su aprovechamiento económico. “No existe ninguna resolución en trámite ni interés en habilitar la caza comercial del chigüiro”, aseguró la ministra Lena Estrada Añokazi, dejando claro que las prioridades del Gobierno giran en torno a la vida, el bienestar animal y la protección de la biodiversidad.
Esta postura responde a una creciente sensibilidad pública sobre el trato ético a los animales y a la evolución de la legislación colombiana, que ha incluido reformas constitucionales para prohibir la caza deportiva recreativa, e introducir el concepto de “ser sintiente” en el ordenamiento jurídico. Bajo este enfoque, el aprovechamiento comercial de especies silvestres como el chigüiro resulta incompatible con la nueva visión de conservación.
Una especie clave en los ecosistemas
El chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris) es el roedor más grande del planeta. Puede alcanzar los 60 kilos de peso y vive en grupos familiares que se desplazan en zonas húmedas del trópico sudamericano. Se trata de un animal estrictamente herbívoro, que se alimenta de pastos, hierbas y plantas acuáticas. Gracias a su dieta y su constante tránsito entre el agua y la tierra firme, este mamífero cumple un rol fundamental en el ciclado de nutrientes, la regeneración vegetal y el equilibrio ecológico.
Su comportamiento social es notable. Vive en comunidades organizadas, lideradas por un macho dominante y compuestas por varias hembras, juveniles y crías. Se comunican mediante chillidos, silbidos y ronroneos, y cooperan para la protección del grupo. Además, su presencia en los ecosistemas acuáticos favorece la biodiversidad, ya que crea hábitats para otras especies al modificar la vegetación ribereña.
No obstante, su carne ha sido apreciada por siglos en regiones como la Orinoquía colombiana y los llanos venezolanos. En la actualidad, el consumo persiste de manera ilegal en varios departamentos del país, lo que ha llevado al Ministerio de Ambiente a solicitar mayores controles frente al tráfico ilícito de carne de chigüiro, una actividad que fomenta la criminalidad ambiental y amenaza a las poblaciones silvestres.
El fallo del Consejo de Estado de 2001
La discusión sobre el uso sostenible del chigüiro no es nueva. En 2001, un fallo del Consejo de Estado colombiano ordenó al Gobierno diseñar un modelo de manejo sostenible de la especie, ante la existencia de comunidades que tradicionalmente han aprovechado su carne como fuente de subsistencia. Sin embargo, más de dos décadas después, ese modelo aún no se ha implementado, y la evolución de la legislación ambiental parece cerrar la puerta definitivamente a cualquier posibilidad de caza comercial.
“El contexto ha cambiado. Hoy estamos en otra etapa como país: priorizamos la protección de los animales y el respeto por su vida”, enfatizó la ministra Estrada. Y aunque el Ministerio ha desarrollado estudios científicos para cumplir el fallo, el nuevo enfoque gubernamental apuesta por la preservación integral de las especies silvestres, más que por su explotación regulada.
¿Qué pasa en otros países?
La situación legal del chigüiro varía en otros países de la región. En Venezuela, por ejemplo, el capibara es objeto de un aprovechamiento comercial legalizado desde hace más de 30 años. Durante la temporada seca, las autoridades autorizan a productores rurales de los llanos a capturar una cuota limitada de ejemplares. Su carne se convierte en charque (carne salada y seca), consumida tradicionalmente durante la Semana Santa, y el cuero es utilizado en marroquinería.
Este modelo ha sido defendido por sus impulsores como un ejemplo de sostenibilidad, pero también ha recibido críticas por parte de organizaciones animalistas, que denuncian prácticas crueles de caza y cuestionan su ética. Además, la crisis institucional venezolana ha dificultado el monitoreo riguroso de estas prácticas.
En Brasil, la legislación federal prohíbe toda caza de fauna silvestre desde 1967, excepto en casos de control poblacional justificado por autoridades ambientales. Aunque el capibara no está amenazado, su caza no está permitida y cualquier acción de manejo debe hacerse bajo criterios técnicos.
En Argentina, el carpincho goza de protección general, pero su caza puede ser autorizada por las provincias en temporadas específicas. Algunas regiones del litoral permiten la caza deportiva con cupos, dado que en ciertas áreas las poblaciones son densas. Las autoridades nacionales, sin embargo, promueven la conservación y el uso sostenible, trabajando con las provincias para equilibrar tradiciones, ciencia y sostenibilidad.
En países como Perú, Ecuador y Bolivia, la situación es distinta. Allí el capibara solo puede ser cazado para subsistencia por parte de comunidades indígenas o rurales, y su comercio está prohibido. A pesar de ello, en regiones amazónicas de Perú se ha reportado venta clandestina de carne de capibara bajo otros nombres, lo que dificulta su control.
¿Conservación o tradición?
El debate sobre el chigüiro ilustra una tensión frecuente en la gestión de la biodiversidad: la línea entre el respeto a las tradiciones culturales y la necesidad de conservar la vida silvestre. En muchas zonas rurales de Colombia, el consumo de carne de chigüiro está arraigado como parte del patrimonio culinario. Sin embargo, los defensores del bienestar animal consideran que este argumento no justifica su caza indiscriminada ni su comercialización.
Además, el hecho de que la especie no esté actualmente en peligro de extinción –según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), está clasificada como de “preocupación menor”– no significa que sea inmune a la presión humana. La destrucción de su hábitat, la expansión agrícola, los incendios y la caza ilegal pueden afectar localmente sus poblaciones, sobre todo en ecosistemas frágiles.
Frente a este panorama, los expertos coinciden en que cualquier manejo del chigüiro debe partir de estudios poblacionales actualizados, políticas integrales de conservación y un enfoque ético que reconozca a los animales como seres con valor intrínseco, no solo como recursos naturales.
Un símbolo que une a América Latina
Pese a las diferencias legales y culturales, el chigüiro es un símbolo común en buena parte de América del Sur. Desde los ríos del Orinoco hasta los esteros del Iberá, su silueta tranquila y su andar pausado evocan la conexión íntima entre el agua, la tierra y la vida silvestre. En un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático, la deforestación y el tráfico de especies, proteger al chigüiro es también proteger la memoria biológica y cultural de los territorios.
En Colombia, la decisión del Gobierno de frenar cualquier intento de caza comercial sienta un precedente importante. Más allá de una regulación puntual, representa un compromiso con el futuro: un país donde la naturaleza no se explota, sino que se cuida; donde las especies no se comercian, sino que se respetan.
