La comunidad Emberá Chamí en el río San Juan en jurisdicción de Mistrató, históricamente no había permitido la presencia de la Policía y el Ejército en su territorio.
Allí han afrontado múltiples problemáticas graves, incluso hoy en día se habla de presencia de grupos armados ilegales, y riesgo de reclutamiento forzado.
Ahora esta comunidad da un giro de 180 grados, y a partir de ahora permitirá la presencia de la Fuerza Pública, eso si bajo la coordinación de su propia guardia indígena, para generar estrategias conjuntas que permitan enfrentar la minería ilegal y los grupos armados ilegales en la zona.
A través de esta iniciativa, se busca facilitar una colaboración coordinada entre las entidades del Estado y las comunidades indígenas, garantizando que su liderazgo y participación sean siempre el eje central del trabajo.
En el encuentro en que se anunció esta decisión, estuvieron también a representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, y las alcaldías de Mistrató y Pueblo Rico.
Durante la jornada se definieron los protocolos para la presencia de la fuerza pública, estableciendo que la seguridad debe entenderse como acompañamiento y no como imposición, garantizando el respeto a la autonomía y tradiciones de la comunidad.
Gracias a las gestiones de la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Risaralda, dentro del acercamiento se puso especial énfasis en el trabajo armónico, el respeto al gobierno propio, la jurisdicción especial y la cosmovisión indígena.
Pie de foto: Con esta decisión se esperan resultados en materia de orden público, especialmente que no se presente una expansión de los grupos armados ilegales.
