La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, al concluir que desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.
El Ministerio Público señaló que la decisión adoptada por Leyva “careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva”, pues en el proceso licitatorio se presentó un único oferente que cumplía con todos los requisitos de los pliegos de condiciones. Bajo esas circunstancias, el entonces canciller no estaba facultado para declarar desierto el proceso.
La entidad disciplinaria determinó que Leyva desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad, calificando su conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo. Al tratarse de un fallo de segunda instancia, la decisión no admite recursos.
El caso de los pasaportes
En 2023, Leyva suspendió el contrato con la firma Thomas Greg & Sons, que llevaba 17 años fabricando los pasaportes colombianos. Argumentó que en la última licitación no existió libre competencia, lo que desencadenó una demanda de la empresa contra el Estado, pues el contrato aún tenía vigencia por tres años.
Posteriormente, el Gobierno intentó adjudicar la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal, una decisión cuestionada por expertos y funcionarios, incluida la actual canciller (e) Laura Sarabia, quien advirtió que la Imprenta no cuenta con la capacidad técnica para asumir la tarea.
Mientras tanto, el Ejecutivo firmó la semana pasada una prórroga de ocho meses con Thomas Greg & Sons, que asegura la continuidad en la expedición de pasaportes hasta el 30 de abril de 2026.
Investigaciones en curso
La Procuraduría también amplió recientemente la investigación a la actual canciller, Rosa Villavicencio, y a seis funcionarios del Gobierno, por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación de los pasaportes.
El ente de control revisará si hubo omisión en la aplicación de un proceso de selección competitivo, dado que, según el modelo planteado, la Imprenta debería subcontratar al no contar con la capacidad para cumplir el objeto contractual.
El fallo contra Leyva se convierte en uno de los más significativos en materia disciplinaria contra un excanciller en Colombia y deja en evidencia la compleja controversia que ha rodeado la expedición de pasaportes en los últimos dos años.
