Por Pilar Salcedo Jiménez / Redacción Política
Un nuevo proyecto de ley radicado en el Congreso busca que los adolescentes entre 14 y 17 años que cometan delitos graves, como homicidio, secuestro, terrorismo o abuso sexual, sean juzgados bajo las mismas condiciones que los adultos.
La propuesta ha generado un fuerte debate en el país, pues revive la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil y los alcances de la ley 1098 de 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia. Esta norma establece sanciones de carácter pedagógico y diferenciadas del régimen penal ordinario. Sin embargo, el camino para este proyecto no es expedito, porque debe enfrentar tratados y los derechos de los menores, contexto que no hace fácil que prospere.
Como ponente del proyecto de ley 025 de 2025, para primer debate, fue designada la representante a la Cámara, Piedad Correal Rubiano.
El director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, considera que no todo menor infractor debe ser tratado por la ley de la misma manera. En principio- indica- se deben establecer penas en función de las implicaciones del crimen cometido, de la contravención efectuada y del tipo de participación que el menor tuvo en esos actos.
“Actualmente, las penas aplicadas a adolescentes infractores son más bajas y estandarizadas, por lo cual, la menor cantidad de años se ha convertido en una ventana de oportunidad para que organizaciones criminales los instrumentalicen en la comisión de delitos graves y evitarse una pena alta. Sin embargo, no se pueden estandarizar las penas, porque el grado de planeación, conciencia y premeditación es diferente en cada caso. Las sanciones deberían tener en cuenta la gravedad de la conducta y el nivel de implicación del joven en los hechos”, explica Charry.
Según un reciente informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los primeros meses de 2024, 1.804 adolescentes entre 14 y 17 años fueron procesados por delitos penales en el país por homicidio, 140 por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, 288 por tráfico o porte de drogas y 31 por violencia contra servidores públicos.
Respaldo político versus obstáculos constitucionales
Sobre esta iniciativa, el abogado litigante y constitucionalista Einer Alonso Trujillo, actual defensor público en el circuito de Apía y con 12 años de experiencia como defensor público en infancia y adolescencia, señaló que la propuesta tiene un fuerte respaldo político, pero enfrenta serios obstáculos jurídicos y constitucionales.
“Lo que pretende el proyecto es que los adolescentes entre los 14 y 17 años no sean procesados por jueces de infancia y adolescencia, sino por la justicia ordinaria. Sin embargo, los tratados internacionales y la supremacía de los derechos de los menores dificultan que prospere”, explicó Trujillo.
El jurista recordó que no es la primera vez que se intenta una reforma de este tipo. “Ya en el pasado, ante hechos de gran impacto nacional, se propuso juzgar a los menores como adultos, pero la prevalencia del interés superior del menor y las normas internacionales lo han impedido”, agregó.
Actualmente, en Risaralda la población de menores privados de la libertad no supera los 35 casos. “Son jóvenes procesados por delitos graves como homicidio, secuestro o delitos sexuales. Sin embargo, el sistema está enfocado en sanciones con fines protectores, educativos y restaurativos, lo que ha permitido reducir las cifras y favorecer procesos de resocialización”, destacó.
De acuerdo con Trujillo, alrededor del 80% de los jóvenes que cumplen su sanción no reinciden en conductas delictivas, aunque advirtió que la reincidencia está asociada principalmente a contextos de violencia y exclusión social.
Finalmente, reiteró que aunque el Congreso avance en la discusión, “es muy difícil que la propuesta sea viable, porque choca con tratados internacionales, las reglas de Beijing y de La Habana, que protegen de manera diferenciada a los menores frente al sistema penal”.
El dato
Bajo la ley de Infancia y Adolescencia el menor que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay, deberá pagar 7 años de prisión, los que cumplirá en un centro especializado.
Leyenda: En Risaralda hay 35 jóvenes de 14 a 17 años, privados de la libertad. El proyecto de ley de juzgar a los menores como adultos no sería viable debido a los tratados internacionales que protegen a los menores de edad frente al sistema penal.
