En el 2023 se destinaron alrededor de $3 mil millones para un proyecto de vivienda en Pueblo Rico, el cual terminó con promesas incumplidas, casas demolidas y más de $1.300 millones de anticipos enredados.
Así lo denunció la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, quien señaló que está poniendo estos hechos en conocimiento de los entes de control y que, junto al representante Cristian Avendaño, impulsa un proyecto de ley para acabar con los contrataderos.
Este proyecto consistía en la construcción de viviendas para 18 familias vulnerables del municipio, con una asignación de casi $3.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías, es decir, presupuesto público.
El contrato de obra, por más de $2.700 millones, fue suscrito entre el fondo mixto Fonpacífico y la empresa Inprosos S.A.S., seleccionada mediante invitación privada. A esta firma se le entregó un anticipo del 50%, es decir, alrededor de $1.350 millones, pero según información oficial, lo construido sólo costó $150 millones.
Además de la inconsistencia con respecto al pago del anticipo, lo más preocupante es que solo se construyeron 4 viviendas, pero estas quedaron tan mal que tuvieron que ser demolidas antes de ser terminadas, por orden del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al evidenciarse graves fallas constructivas.
Teniendo en cuenta estas situaciones, la congresista manifestó que “La plata pública es sagrada, no de privados que incumplen. Pongo los hechos en conocimiento de los entes de control porque las familias de Pueblo Rico que esperaban una casa merecen respuestas, y lo mínimo es que se garantice que esto no vuelva a repetirse y saber si habrá otro proyecto de vivienda”.
Pie de foto: En enero de este año se declararó formalmente el incumplimiento del contrato y se solicitó a la aseguradora de este proyecto de vivienda, responder por los recursos.
