Un reciente fallo judicial destapó una de las prácticas más macabras del fenómeno de los falsos positivos en Colombia: la existencia de una “granja del horror” en Sucre, donde militares retenían a jóvenes bajo engaños de supuestos empleos agrícolas para luego asesinarlos y reportarlos como bajas en combate.
El caso salió a la luz tras una sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ejército Nacional a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Rangel García, un joven cartagenero de 22 años que desapareció en septiembre de 2007 y apareció meses después reportado como guerrillero muerto en combate. Rangel, que trabajaba vendiendo tintos para sostener a su madre, había viajado a Sucre en busca de empleo en una finca.
El “stock” de víctimas
Las investigaciones judiciales y las declaraciones entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelaron que oficiales del Ejército, bajo el mando del entonces coronel Luis Fernando Borja, llegaron a retener hasta 15 personas al mismo tiempo en una finca de la Costa Atlántica.
Según el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, subcomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, esas personas eran obligadas a realizar labores agrícolas durante semanas, hasta que eran sacadas en grupos pequeños y asesinadas, con el propósito de sostener un flujo constante de “resultados operacionales”.
“Con el tiempo mi coronel reclutó como 15 personas y las metió en una finca a trabajar; de esa finca sacaba uno o dos y daba esos resultados, hasta que básicamente llevó más de 57 bajas”, confesó Céspedes en una versión voluntaria ante la JEP en 2023.
La presión por mostrar muertos
El propio coronel Borja, considerado uno de los mayores responsables de ejecuciones extrajudiciales en el país, admitió ante la justicia que desde su llegada a Sucre la orden era clara: “Toca dar una o dos bajas, como sea”.
Las víctimas eran escogidas entre jóvenes vulnerables de la región, a quienes se les prometía trabajo en el campo. La práctica fue descrita por los comparecientes como una forma de mantener un “stock” de inocentes para asesinarlos cuando los superiores exigían reportes de combate.
Justicia e impunidad relativa
Tanto Borja como Céspedes fueron condenados a más de 40 años de cárcel por su responsabilidad en decenas de asesinatos en Sucre y Córdoba. Sin embargo, hoy se encuentran en libertad tras acogerse al sistema transicional de la JEP, a cambio de aportar verdad plena sobre lo ocurrido.
El abogado de víctimas, Javier Villegas, señaló que la sentencia del Consejo de Estado “ratifica que Víctor nunca perteneció a un grupo armado” y ordena al Ejército Nacional no solo indemnizar a su familia, sino también pedir disculpas públicas.
Una herida abierta
El caso de la “granja del horror” evidencia hasta dónde llegó la sistematicidad de los falsos positivos en Colombia, una práctica que dejó más de 6.400 víctimas según la JEP.
“Este caso reveló una práctica monstruosa: jóvenes que eran llevados a una finca, explotados en trabajos agrícolas y luego asesinados para ser presentados como resultados operacionales”, advirtió el abogado Villegas.
El hallazgo de esta modalidad, desconocida hasta ahora para la opinión pública, se suma a la larga lista de crímenes que siguen marcando la memoria de las víctimas y el desafío de la justicia transicional en la construcción de paz en el país.
