El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente el tono contra el gobierno de Nicolás Maduro al advertir que Venezuela pagará un “precio incalculable” si se niega a recibir a los migrantes deportados desde territorio estadounidense.
La amenaza, publicada en la red Truth Social, incluyó una exigencia directa: “Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (…) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”. En mayúsculas, el mandatario republicano remató: “El precio que pagarán será incalculable”.
La advertencia se conoció poco después de que Washington anunciara la destrucción de una cuarta lancha en el Caribe, en el marco de una operación antidrogas que ya deja cerca de 20 muertos y que ha tensado aún más las relaciones bilaterales. Mientras Caracas denunció una “guerra no declarada” y pidió a la ONU investigar estos ataques, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra frente a la costa venezolana y cazas F-35 en Puerto Rico, en lo que analistas describen como el mayor dispositivo militar estadounidense en la región en décadas.
Pero el pulso entre Trump y Maduro no se limita al ámbito militar. El mandatario estadounidense también busca que el Tribunal Supremo permita retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 300.000 migrantes venezolanos. Aunque cortes de menor instancia han bloqueado la iniciativa al calificarla de “arbitraria y caprichosa”, la Casa Blanca insiste en avanzar por la vía de emergencia para revocar la medida.
Esta es la segunda vez en 2025 que el Gobierno Trump lleva el caso al Supremo. En mayo logró una victoria parcial cuando el alto tribunal permitió retirar el TPS de manera provisional, pero en septiembre los jueces federales lo bloquearon de nuevo, generando incertidumbre jurídica para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha intensificado su política migratoria, con especial foco en las comunidades protegidas bajo el TPS. Su objetivo: anular el beneficio para unos 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos, medida adoptada durante la administración de Joe Biden.
La nueva escalada de declaraciones y movimientos militares mantiene en alerta a la región, en medio de crecientes temores por un eventual choque directo entre Estados Unidos y Venezuela.
