El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación para 2026, que asciende a $546,9 billones, cifra que será la base del último año de gobierno del presidente Gustavo Petro y que recibirá la próxima administración. La decisión fue adoptada tras la votación en la plenaria del Senado, que ratificó el mismo texto aprobado horas antes por la Cámara de Representantes.
La aprobación marca una diferencia frente al año anterior, cuando el proyecto no logró consenso y tuvo que ser expedido por decreto. En esta ocasión, el trámite legislativo avanzó con agilidad y cerró con una votación de 50 votos a favor y 27 en contra.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó la decisión como un avance en materia de responsabilidad fiscal y social. “Este presupuesto refleja el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad y el bienestar ciudadano”, afirmó.
El monto final aprobado es 10 billones de pesos menor al planteado inicialmente por el Ejecutivo, debido a un ajuste que el Ministerio de Hacienda calificó como un ejercicio de austeridad. No obstante, el Gobierno anunció que será necesaria una reforma tributaria por 16 billones de pesos para cubrir el déficit y garantizar los recursos destinados a programas sociales, inversión pública y estabilidad macroeconómica.
Durante el debate, la senadora Aída Avella, ponente del proyecto, explicó que la reducción busca proteger sectores esenciales como educación, salud, pensiones y transferencias del Sistema General de Participaciones. “El presupuesto se construyó con criterios de responsabilidad y equidad territorial, priorizando la inversión social en todos los rincones del país”, señaló.
Desde la oposición, varios congresistas manifestaron preocupaciones sobre la distribución del gasto regional. El senador Carlos Fernando Motoa advirtió que la falta de detalle en las asignaciones podría afectar la planeación territorial. “Es necesario saber cómo se van a distribuir los recursos en las regiones; de lo contrario, se corre el riesgo de que el gasto sea inequitativo”, dijo.
Con la aprobación de este presupuesto, el Gobierno busca asegurar la continuidad de sus principales programas sociales, de infraestructura y transición energética, mientras prepara el terreno fiscal para el cambio de administración en agosto de 2026.
