El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando la posibilidad de citar una sala plena extraordinaria la próxima semana para iniciar la discusión del decreto de emergencia económica, en caso de que el Gobierno nacional lo expida en los próximos días. Así lo reveló el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio.
La eventual convocatoria se daría pese a que la Corte Constitucional entró en vacancia judicial desde hoy, lo que en condiciones normales aplaza cualquier análisis de fondo hasta el reinicio de actividades en enero. Sin embargo, la magnitud de la medida anunciada por el Ejecutivo habría abierto el debate interno sobre la conveniencia de una revisión anticipada.
El anuncio se produce luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmara en rueda de prensa la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar la emergencia económica. Esta figura le otorgaría facultades extraordinarias al Gobierno para expedir decretos con fuerza de ley y crear o modificar impuestos sin pasar por el Congreso, tras el hundimiento de la reforma tributaria en la Comisión Cuarta del Senado.
Desde ese momento, comenzaron a circular borradores de decretos reglamentarios que contemplan medidas como el aumento del impuesto al patrimonio, con una reducción del umbral para su cobro a patrimonios superiores a $2.000 millones, la aplicación de IVA a los juegos de azar digitales, nuevos impuestos a cervezas, licores y cigarrillos, el incremento del gravamen a los movimientos financieros al 5 x 1.000 y un impuesto único a la extracción de hidrocarburos.
El Gobierno argumenta que la emergencia es necesaria debido al desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación para 2026, estimado en $16,3 billones, luego de que se archivara la reforma tributaria. El presupuesto proyectado asciende a $516 billones, y el Ejecutivo sostiene que sin nuevas fuentes de ingreso no sería posible garantizar su ejecución.
Aunque la emergencia económica tiene control automático por parte de la Corte Constitucional, fuentes cercanas al alto tribunal señalan que no sería probable una citación extraordinaria durante la vacancia. En ese escenario, la discusión del decreto “madre” y de los decretos reglamentarios comenzaría a partir del 10 de enero de 2026, cuando se reanuden las labores judiciales.
De ser así, el Gobierno podría contar con los decretos vigentes entre uno y cuatro meses, mientras la Corte adelanta el estudio de constitucionalidad y adopta una decisión de fondo. El resultado de ese análisis dependerá, en gran medida, de los argumentos jurídicos y económicos que presente el Ejecutivo para justificar la declaratoria de emergencia.
La eventual revisión anticipada o diferida marcará el ritmo del debate institucional sobre una de las decisiones económicas más sensibles del Gobierno en medio de la actual coyuntura fiscal.
