Un juzgado de Barranquilla negó la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, dentro del proceso que se adelanta por presuntos hechos de corrupción en el departamento del Atlántico. Con esta decisión, el exdiputado continuará en libertad mientras avanza la investigación penal.
De acuerdo con el despacho judicial, aunque los hechos atribuidos a Petro Burgos son de alta gravedad, no existen elementos suficientes para concluir que en la actualidad represente un riesgo para la comunidad ni que exista un peligro de reiteración de las conductas investigadas. El juez centró su análisis en la situación actual del procesado, distinta a la que tenía cuando ejercía como diputado de la Asamblea del Atlántico.
Uno de los factores determinantes para la decisión fue que Nicolás Petro ya no ejerce poder político. El juzgado destacó que el exdiputado dejó de ocupar cargos de elección popular hace varios años y que, además, tiene prohibición judicial de participar en política, lo que reduce significativamente su capacidad de influir en procesos contractuales o de incurrir en nuevas conductas irregulares.
En su argumentación, el juez también tuvo en cuenta que Petro Burgos ha sido señalado públicamente a nivel nacional por presuntos actos de corrupción, situación que, según el despacho, genera un alto nivel de escrutinio social y limita aún más cualquier posibilidad de reincidencia. “Hoy día no es posible hacer la misma predicción de riesgo que podía hacerse cuando era diputado”, señaló el juzgado.
El proceso penal está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública en el Atlántico, ocurridas entre 2020 y 2023, periodo en el que Nicolás Petro fue diputado. La Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.
Según el ente acusador, Petro Burgos se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 millones y $572 millones, firmados por la Gobernación del Atlántico con la fundación FUCOSO, utilizando su influencia política para direccionar la contratación. Aunque no tenía facultad para firmar contratos, la Fiscalía sostiene que su peso político le habría permitido incidir en la selección directa de la entidad.
El objetivo de estas actuaciones, de acuerdo con la imputación, no habría sido beneficiar a los adultos mayores destinatarios de los programas, sino obtener recursos económicos para sí mismo, su entonces esposa Day Vásquez y otras personas cercanas.
La investigación continuará con Nicolás Petro en libertad, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y el proceso judicial sigue su curso.
