El Gobierno Nacional avanza en una iniciativa para eliminar la prima especial de servicios que reciben los congresistas, un beneficio que actualmente asciende a $16.914.540 mensuales. La propuesta quedó consignada en un borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda, que ya genera incomodidad y debate al interior del Congreso de la República.
De acuerdo con el documento, esta prima —que sustituyó las antiguas primas de salud, localización y vivienda— resulta “desproporcionada” frente al ingreso promedio de la población colombiana y a la realidad económica del país. En ese sentido, el Ejecutivo argumenta que su eliminación es coherente con los objetivos de austeridad y de cierre de brechas sociales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.
“Que la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas (…) y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas”, se lee en el borrador del decreto.
La iniciativa no ha sido bien recibida por algunos parlamentarios, quienes aseguran que de su salario mensual total ya se les realiza una retención cercana a los $20 millones de pesos. Esta situación ha generado molestia en varios sectores del Legislativo, que consideran que la medida no refleja de manera integral sus ingresos netos ni los descuentos a los que están sujetos.
Según el texto preliminar, la eliminación de la prima especial de servicios no afectaría a los congresistas actuales, sino que aplicaría para quienes se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. El decreto plantea la derogatoria del Decreto 2170 de 2013, que estableció este beneficio salarial, y precisa que no se reconocerá ni pagará esta prima ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha norma.
El artículo también señala que, conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política, no se otorgarán beneficios adicionales derivados de la prima eliminada, reforzando el enfoque de austeridad en el gasto público.
Con esta propuesta, el Gobierno busca enviar un mensaje político y fiscal en medio de un contexto de ajustes económicos y debates sobre equidad salarial, especialmente tras recientes decisiones como el aumento del salario mínimo. No obstante, la medida anticipa un nuevo pulso entre el Ejecutivo y el Congreso, en un tema que toca directamente los ingresos de los legisladores y la percepción ciudadana sobre los privilegios de la clase política.
