El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, a partir de 2026, entrarán en vigencia los nuevos valores de copagos y cuotas moderadoras que deberán asumir los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. El ajuste quedó oficializado mediante un documento administrativo publicado el pasado 31 de diciembre.
De acuerdo con la cartera de Salud, la actualización se calculará con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), fijada en 12.110 pesos para la vigencia 2026. Este cambio responde a una obligación legal establecida en la Ley 2294 de 2023, que creó la UVB como el nuevo mecanismo para indexar tarifas, cobros y otros valores del Estado, en reemplazo del salario mínimo y de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
El ministerio explicó que la UVB se ajusta anualmente teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados, certificado por el DANE, con el objetivo de reflejar de manera más precisa la inflación real.
Según el documento oficial, los copagos y las cuotas moderadoras corresponden a pagos que los afiliados deben realizar al momento de acceder a determinados servicios de salud, una obligación que se encuentra vigente desde la Ley 100 de 1993. Normas posteriores, como el Acuerdo 260 de 2004 y el Decreto 1652 de 2022, definieron la naturaleza de estos pagos, sus condiciones de aplicación y los topes máximos, diferenciando entre los usuarios del régimen contributivo y del subsidiado.
La entidad también señaló que, con la entrada en vigencia del artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, la UVB se convirtió en el referente obligatorio para la actualización anual de estos valores. “Esto garantiza que los montos se ajusten a la inflación real, sin depender del salario mínimo”, precisó el Ministerio de Salud.
Finalmente, la cartera reiteró que los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde 2026 y aclaró que la medida no modifica la estructura de los copagos ni de las cuotas moderadoras, sino únicamente la forma en que se calculan, manteniendo los criterios de protección para los afiliados según su régimen y nivel de ingresos, conforme a la normativa vigente.
