El alto tribunal llamó la atención a colegios y familias por el manejo de conflictos entre menores de 12 años y pidió respuestas pedagógicas, no punitivas.
Cuando un niño se siente incómodo en el colegio, la rutina escolar se rompe y la angustia se instala en las familias. Así comenzó la historia de Rosa, una niña de 10 años, cuyo caso llegó hasta la Corte Constitucional y terminó convirtiéndose en un mensaje de fondo para el sistema educativo colombiano.
En la sentencia T-257 de 2025, el tribunal estudió un conflicto ocurrido entre dos estudiantes de primaria en un colegio privado de Bogotá. Durante un juego, un niño hizo comentarios y gestos que incomodaron a Rosa. Ella se lo contó a sus padres y, tras varios días sin asistir a clases, el episodio escaló rápidamente: reuniones internas, activación del comité de convivencia, reportes a entidades externas y, finalmente, una acción de tutela.
Para la Corte, el problema no estuvo únicamente en el hecho ocurrido entre los niños, sino en la forma en que los adultos —familia, colegio y autoridades— enfrentaron la situación. En una decisión de tono marcadamente pedagógico, el tribunal evitó centrarse en sanciones y optó por convertir el caso en una lección colectiva.
La Corte reconoció que Rosa tenía pleno derecho a sentirse incómoda, a ser escuchada y a recibir protección emocional. Su malestar, dijo, era real y debía ser atendido con seriedad. Sin embargo, también advirtió que el otro niño, de apenas ocho años, no podía ser tratado como un agresor sexual ni cargado con una etiqueta permanente por una conducta inapropiada propia de su etapa de desarrollo.
“El error fue mirar este conflicto con ojos de adultos”, concluyó el tribunal. En lugar de abordarlo como una situación formativa, se activaron rutas diseñadas para hechos de mayor gravedad, se priorizó el trámite administrativo y se perdió de vista lo esencial: ambos niños necesitaban acompañamiento, no miedo ni estigmatización.
Uno de los llamados más fuertes de la sentencia es para los colegios. La Corte recordó que no todo conflicto escolar debe resolverse desde la sanción. Medidas como cambiar de salón a un estudiante, aislarlo o empujarlo a salir del colegio pueden parecer soluciones rápidas, pero si no están acompañadas de diálogo, escucha activa y apoyo psicológico, terminan agravando el daño.
De hecho, el desenlace del caso fue la salida del niño del colegio por decisión de su familia. Para la Corte, ese resultado evidencia un fracaso colectivo: nadie logró transformar el conflicto en una experiencia de aprendizaje.
Un mensaje para colegios y padres
El tribunal fue enfático en señalar que, cuando se trata de menores de 12 años, la respuesta debe ser pedagógica. Esto implica escuchar a ambas partes, evitar interrogatorios invasivos, trabajar de la mano con las familias, ofrecer acompañamiento emocional y enseñar, de manera clara, límites, respeto y cuidado del cuerpo.
También hubo un mensaje directo para los padres: proteger a un hijo no significa cerrar toda posibilidad de diálogo ni rechazar el apoyo profesional. En algunos casos, el silencio o el miedo a “revictimizar” pueden terminar aislando aún más a los niños.
La sentencia cierra con un proverbio africano que resume el espíritu de la decisión: “Se necesita una aldea entera para criar a un niño”. Educar, recordó la Corte, no es castigar ni judicializar cada error, sino asumir una tarea compartida, compleja y profundamente humana.
Para miles de familias que hoy enfrentan conflictos similares en los colegios, el mensaje es claro: los errores también pueden ser una oportunidad para enseñar, sanar y crecer, si los adultos están dispuestos a escuchar y acompañar.
