A pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la democracia en amplias regiones de Colombia enfrenta una de sus mayores amenazas. El avance y la fragmentación de los grupos armados ilegales han derivado en un control territorial que hoy condiciona el derecho al voto de millones de ciudadanos.
Según información recopilada por Semana, el dominio criminal pasó de 150 municipios hace cuatro años a más de 600 en la actualidad, una expansión sin precedentes que compromete de manera directa la libertad electoral. En estos territorios, estructuras como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra ejercen una gobernanza armada ilegal, imponiendo normas, restringiendo la movilidad y definiendo quién puede o no participar en política.
Departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta concentran los mayores riesgos. Allí, comunidades enteras viven bajo amenazas de muerte, desplazamiento forzado y vigilancia armada, lo que, de acuerdo con las estimaciones, afecta a cerca de nueve millones de personas en edad de votar.
Los mecanismos de presión incluyen carnetización forzada, control de horarios, presencia de hombres armados cerca de los puestos de votación y entrega obligada de listados de habitantes y preferencias políticas por parte de juntas de acción comunal intimidadas. Testimonios recogidos en regiones como el Catatumbo son contundentes: “Aquí solo pueden hacer campaña los políticos que ellos autorizan”, relató un líder social bajo reserva.
En municipios de Cauca, Nariño y Jamundí, la votación en bloque impuesta por grupos armados se ha vuelto recurrente, anulando cualquier posibilidad de elección libre. Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, advirtió que “el miedo ya no es solo miedo, es terror” y que denunciar resulta prácticamente imposible en estos territorios.
El fenómeno no se limita a zonas rurales. Barrios de ciudades como Medellín, Barranquilla y Soledad registran proselitismo político controlado, con financiamiento ilegal ligado al narcotráfico y exclusión violenta de candidatos no avalados por las estructuras criminales. Ante este escenario, el exministro de Defensa Diego Molano lanzó una advertencia contundente: “Lo más factible es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”.
La respuesta institucional sigue siendo limitada. La Federación Nacional de Departamentos solicitó al Gobierno nacional acciones urgentes dentro del Plan Democracia, mientras la Registraduría Nacional del Estado Civil reconoce que al menos 104 municipios presentan alertas graves por riesgos armados y políticos, pese a la instalación prevista de 7.450 puestos de votación rurales.
Desde la Defensoría del Pueblo, su representante Iris Marín insistió en la necesidad de respuestas diferenciadas, dada la diversidad y fragmentación de los actores ilegales. A su vez, la Misión de Observación Electoral (MOE) pidió reforzar la protección de funcionarios, materiales electorales y desplegar operativos de la fuerza pública antes y durante los comicios.
Las cifras confirman un grave retroceso democrático. Pese al acuerdo de paz de 2016, la violencia política aumentó 179 % entre 2022 y 2025, según la MOE. En regiones donde confluyen pobreza, debilidad institucional y control criminal, el voto libre se desvanece.
Así, en buena parte del país, la voluntad ciudadana sigue determinada por el miedo. Donde la autoridad real la ejercen los grupos armados ilegales, el ejercicio democrático se reduce a una formalidad, y la decisión del elector queda subordinada a la presión de las armas.
