La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre un nuevo episodio de acoso judicial contra la periodista colombiana Lorena Beltrán, quien actualmente se encuentra exiliada por razones de seguridad. Según la organización, el hostigamiento legal no solo se ha intensificado, sino que traspasó las fronteras, alcanzando el país donde reside la comunicadora.
De acuerdo con un comunicado de la FLIP, Beltrán enfrenta desde septiembre de 2025 una serie de acciones judiciales promovidas por médicos a quienes había investigado por presuntamente ejercer como cirujanos plásticos sin cumplir los requisitos legales en Colombia. En ese periodo, la periodista recibió al menos cuatro acciones de tutela, situación que derivó en un escenario de presión constante y la obligó a salir del país.
Notificación judicial en el exilio
El hecho más reciente ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando Beltrán recibió en su lugar de residencia en el exterior una notificación judicial relacionada con un nuevo proceso iniciado en su contra. Tras indagar por el origen del expediente, fue informada de que el demandante es uno de los médicos que ya había interpuesto acciones legales en Colombia, lo que, para la FLIP, confirma un patrón reiterado de persecución judicial.
Posteriormente, el 3 de enero de 2026, la periodista acudió a la dirección indicada en la notificación y allí se le informó que deberá comparecer el próximo 27 de enero ante una corte del país donde se encuentra. En ese mismo trámite, recibió un expediente de 55 páginas con acusaciones de extrema gravedad, entre ellas presuntos actos de acoso, discriminación por orientación sexual e incluso un supuesto intento de homicidio.
La FLIP rechazó estas afirmaciones y sostuvo que carecen de sustento probatorio, calificándolas como señalamientos desproporcionados cuyo objetivo sería intimidar y desacreditar la labor periodística de Beltrán. “Se trata de una estrategia para desviar la atención del contenido de sus investigaciones”, advirtió la organización.
Riesgos a la seguridad y filtración de datos
Uno de los aspectos que más preocupa a la fundación es que el demandante haya logrado ubicar la dirección exacta de residencia de la periodista, pese a que su lugar de exilio no era de conocimiento público. Para la FLIP, esta situación incrementa el riesgo para su seguridad y refuerza el carácter intimidatorio del proceso.
La organización alertó que la exposición de datos personales y sensibles constituye una forma de persecución que puede escalar hacia agresiones más graves, además de generar un efecto inhibitorio sobre otros periodistas que investigan asuntos de interés público.
Violencia de género y llamados institucionales
La FLIP subrayó que el caso se enmarca en una forma diferenciada de violencia contra una mujer periodista, en la que el acoso judicial se utiliza como represalia por su trabajo investigativo y se apoya en estereotipos de género.
En ese contexto, la organización hizo un llamado a jueces y tribunales —en especial a la Corte Constitucional— para que reconozcan la gravedad, sistematicidad y patrón del acoso judicial. Asimismo, pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación oportuna y exhaustiva, con enfoque de género y medidas de protección reforzada para la periodista.
Finalmente, la FLIP advirtió que el uso abusivo de herramientas legales para silenciar voces críticas no solo afecta a Lorena Beltrán, sino que debilita el ejercicio del periodismo, limita la veeduría ciudadana y vulnera el derecho de la sociedad a estar informada sobre temas de evidente interés público.
