El 1 de octubre de 1.936, sin que terminara la sangrienta guerra que enlutó a los españoles, asumió el poder Francisco Franco; no habían transcurrido dos semanas cuando el general José Millán Astray, asaltó el paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde hablaba su rector, Don Miguel de Unamuno, quien, ante el atropello dijo: “venceréis, pero no convenceréis, este el templo del saber y yo soy el supremo sacerdote.”
Esta valiente defensa de la universidad como el centro del pensamiento crítico en el cual se debaten las ideas, allí donde la razón prima sobre la violencia, donde el fanatismo, el enemigo de la inteligencia, de la verdad y razón de ser de la fuerza sobre la libertad no tiene cabida, le causó la destitución como rector, la prisión domiciliaria y la muerte a los pocos días.
El fascismo, tanto el de derecha como el de izquierda, se apoya en la fuerza, en la creación de enemigos para justificar sus yerros, en la ausencia del debate civilizado y en la imposición de los combatientes para lo cual la universidad, aquella deliberante, pensante, donde concurren todas las ideas y donde la inteligencia prima sobre la fuerza, las armas y los guerreros, no tiene cabida, por ello, en las dictaduras, las universidades cambian de norte y se convierten, como el resto de lo público, en piñones de la máquina del estado.
La universidad soberana, autónoma, crítica, independiente del gobierno de turno está consagrada en la Constitución y las leyes, el manejo del estado sobre el ente no es soberano, también concurren otros actores: estudiantes, profesores, autoridades académicas, egresados, exrectores, la sociedad civil y la generadora de trabajo y riqueza, quienes acompañan a los delegados del gobierno. La razón de la presencia de estos últimos se justifica por la participación del tesoro público en su financiación, pero no para su orientación al servicio del gobierno de turno.
La arremetida del gobierno del presidente Petro en el manejo de la universidad, como otro de los apéndices del estado, se ha el hecho evidente en muchos casos, el de la Universidad Nacional, donde el atropello ha sido tan notorio que la actuación de los ministros y subalternos que la vulneraron ya es historia conocida; algo similar está ocurriendo en casi todas las demás universidades, donde el designio de los rectores se ha convertido en un atropello a la autonomía y la soberanía, y un cambio en la búsqueda de la élite intelectual por los subalternos afectos al sistema.
El caso de la UTP, ha sido bien conocido, es quizás una excepción que confirma la regla; recuerdo como César Manrique, exfuncionario condenado por corrupción, cuando ejercía como Director de la Función Pública, en mi residencia, cuando acudió acompañado de otras personas, después de afirmar que el gobierno y el partido no cederían en su meta de dirigir la universidad, y por lo tanto me preguntó cual sería mi precio para modificar mi voto en el Consejo Superior, como delegado que era de los exrectores. Su propuesta la consideré como un insulto y le respondí son sorna.
A pesar de no haber logrado su propósito, ahora nos han informado que el gobierno ha contratado un abogado para insistir en su propósito, el cual además tiene antecedentes como la denuncia que se le ha instaurado a quien preside el Consejo Superior, por delegación del ministro del ramo, por dar por ciertas actuaciones del Consejo que nunca ocurrieron.
La UTP, es orgullo y patrimonio de Pereira, de Risaralda y de Colombia, ha sido pilar fundamental en el desarrollo de la región, en la formación de profesionales de alta calidad, en la conservación del patrimonio cultural e histórico, en el desarrollo de investigaciones y actividades enriquecen a la sociedad a pesar de los violentos y de los fanáticos que quieren imponer la fuerza sobre la razón y la desaparición del debate civilizado.
