El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas por el uso de recursos públicos para la defensa jurídica tras la inclusión de varios nombres en la llamada lista Clinton, una medida adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A través de su cuenta en X, el mandatario negó que dineros del Estado estén siendo utilizados para pagar abogados que representen a su esposa, Verónica Alcocer; a su hijo, Nicolás Petro; o a otros funcionarios mencionados en la controversia.
La respuesta presidencial se dio en medio del debate político y jurídico generado por un contrato de prestación de servicios profesionales, cuyo valor asciende a 10.000 millones de pesos, destinado a la contratación de abogados para atender las consecuencias de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según el Gobierno, este respaldo jurídico está limitado exclusivamente a la defensa institucional del Estado colombiano.
En su mensaje, Petro respondió directamente a cuestionamientos de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien había sugerido que los recursos públicos estarían siendo usados para la defensa de personas sancionadas de manera individual. “¿Y quién le dijo a usted, Paola, que los abogados, para defender el patrimonio y la imagen pública de Colombia, cosa que han hecho todos los pasados gobiernos, cobijan a las personas que menciona?”, escribió el jefe de Estado.
El mandatario insistió en que la Constitución es clara sobre el alcance de los recursos públicos. “Los recursos públicos solo pueden cobijar al representante legal y, por constitución de la nación, el representante de la nación”, afirmó, rechazando lo que calificó como “calumnias” provenientes de sectores de oposición.
Las declaraciones presidenciales respondieron a un trino previo de la senadora Holguín, quien sostuvo que la inclusión de Petro, su esposa, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) obedecería a presuntas fallas en el combate al narcotráfico, filtraciones de información de inteligencia y obstrucción a la justicia. En su mensaje, la congresista afirmó que dichas sanciones son de carácter personal y que, por lo tanto, la defensa no puede ser asumida con recursos de la Nación.
Holguín añadió que el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026 podría constituir un posible detrimento patrimonial y un abuso de autoridad, y cuestionó la legitimidad del Gobierno en medio de los escándalos que lo rodean.
El cruce de mensajes se produjo luego de una publicación previa del presidente Petro, en la que señaló a sectores de la oposición de realizar gestiones en el exterior que, según él, habrían derivado en consecuencias para el país. Ese pronunciamiento avivó la polémica y derivó en el intercambio público con la congresista.
En medio de la controversia, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer si existen eventuales responsabilidades disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato y el uso de recursos públicos. El procurador Gregorio Eljach ordenó iniciar las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
El debate sigue abierto, mientras el Gobierno defiende que la contratación busca proteger la imagen y los intereses del Estado colombiano frente a decisiones de autoridades extranjeras, y la oposición insiste en que se trata de sanciones individuales que no deberían comprometer recursos públicos.
