El debate fiscal volvió al centro de la agenda pública tras la suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, decisión que el Gobierno del presidente Gustavo Petro considera un golpe a la financiación de sus programas sociales. En este contexto, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina, salió a defender el aumento del gasto público y negó que este represente un despilfarro de los recursos del Estado.
Según explicó, el crecimiento del presupuesto se concentra en sectores que el Gobierno considera prioritarios, como salud, educación y salarios. “El gasto público en salud, educación y salarios dignos para el pueblo son las prioridades por las que llegamos al Gobierno. El gasto social necesariamente no es malo”, afirmó Molina en entrevista con Blu Radio.
La funcionaria cuestionó además la viabilidad de un recorte del gasto social y planteó el dilema en términos distributivos. A su juicio, la discusión no debe centrarse en disminuir beneficios a la población, sino en revisar la carga tributaria de los sectores de mayores ingresos. “¿A quién le vamos a recortar el presupuesto: al pueblo y la política social, o a los megarricos con patrimonios de más de 2.100 millones de pesos, que son menos del 10% del país?”, señaló.
Molina sostuvo que el déficit fiscal, estimado en cerca de $110 billones, solo puede enfrentarse mediante una reforma tributaria progresiva, en la que los sectores más pobres aporten proporcionalmente menos y los de mayores ingresos contribuyan más. En ese sentido, explicó que cerca del 90% del gasto del Gobierno nacional es inflexible, pues está atado a sentencias judiciales y rentas de destinación específica, como educación, salud y remuneraciones de trabajadores esenciales.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido el aumento de la nómina estatal. La directora del DNP reconoció una recomposición del gasto, con un traslado de recursos desde la inversión hacia el funcionamiento, para sostener programas como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y el fortalecimiento de la red hospitalaria. En este último punto, destacó una asignación de $167.000 millones para el Hospital San Juan de Dios, además de un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá por $1,66 billones para ese proyecto.
Frente a las críticas por un supuesto gasto sin control, Molina argumentó que la inversión social busca dinamizar la economía y mejorar la productividad. Comparó este enfoque con la adquisición de un activo a largo plazo: “Es como cuando una familia se endeuda para comprar vivienda: aumenta su gasto, pero obtiene un beneficio futuro. El gasto social funciona de manera similar”.
La discusión fiscal también se cruzó con la política monetaria. Molina cuestionó la reciente decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés del 9,25% al 10,25%, al considerar que esta medida puede frenar la reactivación económica y limitar la inversión.
Sobre la suspensión del decreto de emergencia, la directora del DNP calificó la decisión como “gravísima”, al señalar que bloquea recursos previamente pactados con el Congreso y que eran clave para cubrir un faltante de alrededor de $16 billones contemplados en la Ley de Financiamiento. No obstante, el alto tribunal argumentó que las medidas excepcionales deben cumplir criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad, especialmente cuando implican nuevas cargas tributarias.
El presidente Petro, por su parte, advirtió que una eventual reversión de los nuevos impuestos en el próximo gobierno podría elevar el costo de la deuda y obligar a mayores recaudos en el futuro. Para el Ejecutivo, el respaldo popular a las políticas sociales justifica una estrategia fiscal expansiva y reabre el debate sobre cómo financiarla en un escenario de restricciones institucionales y alta polarización política.
