Estos son los delitos de los 351 colombianos incluidos entre los “peores criminales” de Estados Unidos


La inclusión de 351 ciudadanos colombianos en un listado del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS), catalogados como “lo peor de lo peor”, ha generado controversia y reavivado el debate sobre el alcance real de las redadas migratorias y la criminalidad atribuida a esta comunidad.

Según la información oficial, estas personas fueron capturadas durante operativos migratorios y sus identidades fueron publicadas en la página web del DHS. El listado, presentado con fotografías, nombres, nacionalidad, tipo de delito y estado del arresto, busca evidenciar —según las autoridades— la acción del Estado frente a amenazas graves para la seguridad pública.

No obstante, un análisis detallado de la base de datos revela un panorama más heterogéneo. Aunque el gobierno del entonces presidente Donald Trump ha insistido en que se trata de individuos vinculados a delitos graves, en la misma categoría se agrupan conductas de muy distinta naturaleza y gravedad.

La mayor proporción de casos corresponde a delitos relacionados con drogas. En total, 144 colombianos enfrentan cargos por tráfico, distribución o venta de sustancias ilícitas, aunque también se incluyen casos de simple posesión.

El segundo grupo más numeroso está relacionado con robos, con 70 personas acusadas por este delito. A esta cifra se suman 15 casos de lavado de activos, 17 de fraude y 4 por hurtos menores en establecimientos comerciales.

En el extremo más grave del listado aparecen 4 acusaciones por violación sexual y 13 por asalto o explotación sexual de menores, delitos que sí representan una amenaza significativa para la seguridad pública. Sin embargo, estos casos conviven en el mismo registro con infracciones de menor impacto, como 7 arrestos por conducir en estado de embriaguez, 2 por violaciones simples de tránsito y al menos un caso de negligencia infantil.

La diversidad de delitos incluidos ha llevado a cuestionamientos sobre el uso del término “peores criminales” y sobre la forma en que se comunica la información, en medio de un contexto político y migratorio altamente sensible para las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos.

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