El futuro de las plataformas digitales de transporte en Colombia vuelve a quedar en entredicho tras la radicación de un proyecto de ley del Gobierno Nacional que busca frenar la operación de estos servicios. La iniciativa, que ahora entrará en debate en el Congreso de la República, plantea un régimen sancionatorio que afectaría no solo a las empresas, sino también a conductores, usuarios e incluso a conjuntos residenciales.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la inmovilización de los vehículos particulares utilizados para prestar el servicio a través de aplicaciones como Uber, Didi o Cabify. El texto establece una escala progresiva que podría dejar a miles de personas sin su principal herramienta de trabajo:
Primera infracción: 60 días de inmovilización.
Segunda infracción: 90 días.
Tercera infracción: hasta 120 días, es decir, cuatro meses sin el vehículo.
Desde el sector de las plataformas, las críticas no se hicieron esperar. José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, calificó la iniciativa como “draconiana, autoritaria y regresiva”, y advirtió que las medidas afectarían directamente el sustento de miles de familias. “A los conductores que trabajan honradamente con sus vehículos les imponen inmovilizaciones de hasta cuatro meses sin el carro con el cual llevan el sustento a la casa”, señaló.
Multas millonarias para usuarios y terceros
El proyecto también contempla sanciones económicas que han generado gran controversia. De acuerdo con el articulado, tanto los conductores como los usuarios que utilicen aplicaciones de transporte podrían enfrentar multas de hasta 4,7 millones de pesos por cada servicio prestado o tomado.
La responsabilidad se extiende incluso a terceros. El documento autoriza imponer sanciones a conjuntos residenciales y copropiedades que faciliten el parqueo de vehículos vinculados a estas plataformas. En estos casos, las multas podrían superar los 726 millones de pesos. “A los conjuntos de propiedad horizontal les pueden imponer multas multimillonarias solo por permitir o facilitar el parqueo de estos vehículos”, advirtió López.
Reacciones divididas
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de regular las plataformas bajo las mismas condiciones del transporte público tradicional, otros alertan sobre el impacto que tendría la iniciativa en la movilidad y el empleo.
Un conductor consultado señaló que la regulación sería válida siempre que exista igualdad de condiciones con el servicio de taxi, especialmente en costos y seguros. Por su parte, varios usuarios expresaron su inconformidad con una posible prohibición, argumentando que recurren a estas aplicaciones por la calidad y disponibilidad del servicio.
Uber, una de las principales plataformas del país, rechazó el proyecto y afirmó que “confunde la innovación con una amenaza” y que traslada a la fuerza pública un debate que, a su juicio, debería darse desde el diálogo y una visión de futuro para la economía y la movilidad.
Con el inicio del debate legislativo, el proyecto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la legalidad, regulación o eventual prohibición de las plataformas digitales de transporte en Colombia, un tema que impacta a millones de usuarios y a miles de trabajadores en todo el país.
