Rodrigo Ocampo
En estricto sentido el objetivo de la política es el poder para imponer las reglas de
conducta a los miembros de una sociedad. Cuando estas se organizan como un sistema
aparece el derecho, así que en el fondo el derecho es consecuencia y subordinado de la
política. A pesar de esa realidad muchos filósofos y teóricos han querido separarlos con
la idea de que la justicia debe ser neutral frente a los poderes establecidos. Algo así como
el imperio de la ley ante la cual deben someterse todos. Vana ilusión desmentida por la
realidad. En asuntos cotidianos y sociedades más o menos organizadas las reglas
básicas se cumplen, como la circulación vehicular que sería imposible sin acatamiento
general. Pero si uno busca más ejemplos resultan escasos o por lo menos condicionados.
La propiedad privada tiene cientos de limitaciones, la salud pública aún más y ni que decir
de la educación. En cada caso hay excepciones. Por ejemplo, la ley estatutaria de la
salud advierte que nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento, pero aparece un
brote de fiebre amarilla y les otorgan a los expendedores de tiquetes la facultad de
dejarnos abordar un bus. Por ejemplo, es causal de mala conducta que un funcionario
trabaje bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero si es el presidente eso no importa.
Karl Von Clausewitz dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios.
Del derecho y la justicia se puede decir lo mismo, y si lo entendemos, no nos vamos a
asustar por amnistías en serie ni ex guerrilleros como jefes de la inteligencia militar. En
cambio nos vamos a preparar para que esas barbaridades no se repitan
