Cinco años después de los hechos ocurridos en medio del Paro Nacional de 2021, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá dio un paso clave en una de las investigaciones más sensibles relacionadas con el uso de la fuerza policial. El organismo logró identificar al patrullero Álvaro José Guerra Ríos, integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), como el presunto responsable del disparo que causó la pérdida de un ojo a la joven Sara Valentina Cárdenas, durante una protesta en la localidad de Suba.
La determinación se produjo en el marco de un proceso disciplinario que avanzó tras la incorporación de un video como prueba central. El material audiovisual, presentado en audiencia, permitió reconstruir la escena y ubicar con precisión al uniformado que habría accionado su arma contra la adolescente y su madre, quienes no participaban directamente en los disturbios.
De acuerdo con la Procuraduría, el caso se encuentra en etapa de juzgamiento disciplinario y contempla la recolección de nuevos testimonios, entre ellos los de otros policías que integraban el operativo y el análisis técnico de un experto en armas de uso policial. La madre de la joven, Sandra Milena Pérez, confirmó que la familia recibió notificación oficial sobre la identificación del presunto agresor, aunque expresó preocupación por las garantías procesales durante las diligencias.
Los hechos se remontan a la noche del 5 de mayo de 2021, cuando madre e hija regresaban a su vivienda tras observar una manifestación pacífica en inmediaciones de la avenida Suba con Ciudad de Cali. Según los relatos conocidos por las autoridades, ambas intentaron resguardarse cuando se intensificó la intervención policial, pero fueron alcanzadas por varios agentes. Minutos después, un disparo impactó el rostro de Sara Valentina, causándole una lesión irreversible en su ojo izquierdo.
Las consecuencias del ataque marcaron de manera permanente la vida de la joven. Tras múltiples tratamientos médicos, especialistas en Noruega —país al que la familia se vio obligada a emigrar por amenazas y hostigamientos— determinaron recientemente la necesidad de retirar el globo ocular afectado y reemplazarlo por una prótesis para evitar mayores complicaciones de salud.
El caso se suma a un amplio registro de denuncias por lesiones oculares durante el Paro Nacional. Organizaciones de derechos humanos documentaron más de un centenar de víctimas con daños similares en ese periodo, lo que reavivó el debate sobre el uso de armas de letalidad reducida por parte de la fuerza pública.
Mientras el proceso disciplinario continúa, la familia de Sara Valentina insiste en que la identificación del presunto responsable debe traducirse en sanciones efectivas y en garantías reales de verdad, justicia y no repetición. La Procuraduría, por su parte, señaló que el expediente se encuentra en una fase decisiva para establecer responsabilidades.
Si el Estado responde a la barbarie con barbarie (Duque) se deslegitima.