La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro, tras la divulgación de un audio en el que un reconocido cabecilla criminal asegura haber entregado recursos a la campaña presidencial de 2022. La decisión se adoptó luego de que el material fuera hecho público por la precandidata presidencial Vicky Dávila.
El audio es atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, señalado líder de la estructura delincuencial conocida como La Inmaculada, quien en la grabación hace referencia a un supuesto aporte económico a la campaña que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Tras conocerse estos señalamientos, la Comisión concluyó que existían elementos suficientes para activar su competencia constitucional.
De acuerdo con fuentes legislativas, la investigación se fundamenta en las normas que facultan a la Comisión de Acusación para adelantar procesos penales contra el presidente de la República cuando surgen indicios de posibles delitos cometidos antes o durante su mandato. En este caso, el análisis preliminar apunta a un eventual hecho relacionado con la financiación de campañas electorales con recursos de origen prohibido, conforme a lo establecido en la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992.
Como parte del trámite inicial, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta solicitó formalizar la apertura del proceso mediante la asignación de un número de radicado, paso necesario para avanzar en las diligencias previstas por la ley.
Los hechos cobraron mayor relevancia al coincidir con la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos, procedimiento ordenado por el propio presidente Petro y ejecutado bajo un estricto esquema de seguridad hasta la Base Aérea de Catam, en Bogotá.
