Carlos Patiño
La decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir a Iván Cepeda de la consulta interpartidista de marzo debe entenderse primero como lo que es: la aplicación estricta de la norma. El CNE consideró que su participación constituía una doble inscripción, y en ese sentido actuó conforme a la ley. No hay democracia posible si los árbitros electorales no hacen cumplir las reglas, por incómodas que resulten para algunos sectores.
Ahora bien, que la decisión sea legal no significa que carezca de consecuencias políticas. La exclusión de Cepeda altera el equilibrio dentro de la izquierda y fragmenta el escenario de unidad que se buscaba con la consulta. La ciudadanía pierde la oportunidad de decidir en ese espacio sobre su candidatura, y eso genera un vacío de representación en el mecanismo interpartidista.
El efecto inmediato es que Cepeda pasa directamente a la primera vuelta presidencial, liberado de competir en una consulta desgastante. Esto puede terminar fortaleciéndolo, pues se presenta como un candidato que, aunque respetuoso de la ley, fue apartado de un proceso político por una interpretación restrictiva. Esa narrativa puede movilizar simpatías y darle un aire de víctima de las instituciones, algo que suele tener réditos electorales.
La lección es clara: la democracia no se construye solo con normas, sino también con confianza y legitimidad. El CNE cumplió con su deber, pero la política se resiente cuando las reglas, aunque válidas, limitan la capacidad de los partidos de construir consensos amplios.
La exclusión de Iván Cepeda de la consulta interpartidista deja una lección relevante: el derecho electoral no puede ser analizado únicamente como un conjunto de procedimientos, sino como un componente estructural del sistema democrático. Entre la legalidad y la política no existe una frontera rígida, sino un espacio de tensión que exige análisis, responsabilidad institucional y, sobre todo, una reflexión permanente sobre cómo perfeccionar los mecanismos de participación sin sacrificar la seguridad jurídica que los sostiene.
