El Consejo de Estado dio un nuevo paso en el proceso que busca la pérdida de investidura de nueve congresistas salpicados por el caso UNGRD. En un auto fechado el 19 de febrero, la Sección Quinta ordenó la práctica de pruebas, decretó una ronda de testimonios y convocó a audiencia pública para decidir si procede la sanción conocida como “muerte política” (la salida de la curul).
La decisión cobija a las senadoras Martha Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez y Liliana Esther Bitar Castilla; a los senadores Julio Elías Chagüi Flórez y Juan Pablo Gallo Maya; y a los representantes Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.
El proceso se originó por una demanda del veedor Pablo Bustos, quien sostiene que los congresistas habrían incurrido en presunto tráfico de influencias y en posibles vulneraciones al régimen de inhabilidades y conflicto de intereses, en el marco de contratos que según la acción habrían sido gestionados dentro de un entramado para favorecer el trámite legislativo de reformas y proyectos económicos del Gobierno.
Para sustentar el expediente, el alto tribunal pidió información a varias entidades, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y la Sala de Instrucción. Dentro del paquete probatorio solicitó copias de actuaciones e investigaciones relacionadas con el caso UNGRD, así como documentación asociada a los principios de oportunidad de Olmedo López (aún sin firmeza, según se indica) y Sneyder Pinilla, además de la orden de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
En paralelo, el despacho citó a declarar a figuras clave del caso: los exdirectores de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla; la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides; y los exministros Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Diego Guevara. También se incluyeron registros de declaraciones previas de una decena de testigos y soportes sobre la actividad legislativa de los congresistas investigados.
Las comparecencias se concentrarán en una serie de audiencias programadas para los días 9, 10 y 11 de marzo.
Crédito: El Tiempo / Sara Valentina Quevedo Delgado.
