Rodrigo Ocampo
Qué los revolucionarios desacaten las leyes es lógico pues su objetivo es derribar el orden establecido. En cambio, el desconocimiento del Estado de derecho por parte de las autoridades establecidas para preservarlo debería ser una anomalía en las democracias liberales. Lamentablemente no lo es. Desde el ascenso de Hitler a la Cancillería de Alemania en 1.933 se puso en práctica el sistema de derrotar el sistema político desde adentro, es decir, utilizando los mecanismos electorales para apoderarse del aparato administrativo como lo sugería Antonio Gramsci, el intelectual comunista creador del concepto de hegemonía cultural, en el cual se apoyaron todos los revolucionarios a partir de la segunda mitad del siglo XX. Así llegaron al poder Allende en Chile, Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua y otros tantos dictadores que, una vez elegidos, subvierten las reglas establecidas con el reiterado argumento de que el sistema existente es injusto y la oligarquía no permite modificar las reglas. ¿Suena conocido? Repasemos un poco el asunto de la salud en Colombia. Desde la ley 100 se inició el proceso de universalización del servicio y se había construido una red razonablemente eficaz, por supuesto susceptible de mejoras. Como no le servía a Petro para controlar la población al estilo cubano, se empeñó en destruir el sistema. No lo logró por la oposición del congreso. Que ha hecho? Violar la ley dictando decretos que han sido reiteradamente anulados por el Consejo de Estado. Eso es prevaricato, pero que carajos importa, no hay un mecanismo eficaz que permita sancionarlo. Así son las cosas, la realidad que nos espera para todas las instituciones si el país no derrota el comunismo. A ver si los del centro despiertan y se enteran de los que nos va pierna arriba.
