Un grupo de abogados venezolanos en el exilio elevó una solicitud formal al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se abra una investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos hechos de tortura. La petición, conocida por medios venezolanos, plantea que el delito podría acarrear una condena de cadena perpetua si la Fiscalía federal decide avanzar y logra sostener el caso ante los tribunales.
La iniciativa está liderada, según el documento divulgado, por el abogado Kelvi Zambrano junto con José Valderrama, Villcar Fernández y Julie Vanessa Siado. En su argumentación, los juristas citan reportes y pronunciamientos de organismos internacionales que han alertado sobre denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y malos tratos en Venezuela.
Uno de los ejes centrales del planteamiento es la jurisdicción: los abogados sostienen que, a diferencia de otros escenarios internacionales donde suele exigirse probar patrones o contextos amplios, en el sistema federal estadounidense podría bastar con acreditar un caso concreto, siempre que el señalado esté bajo jurisdicción de Estados Unidos. Con ese criterio, señalan que la presencia del acusado en territorio estadounidense es el factor que “activa” el estatuto aplicable.
La solicitud aparece en paralelo a otro proceso judicial ya en curso. Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos federales en Nueva York relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, y tienen una nueva audiencia programada para el 26 de marzo. En medios estadounidenses y españoles también se ha informado de controversias por la financiación de la defensa, vinculadas a restricciones y licencias asociadas a sanciones.
Como antecedente para sustentar la viabilidad de una acusación de tortura en cortes federales, los abogados citan el caso de Michael Sang Correa, un ciudadano gambiano condenado en Colorado bajo cargos federales de tortura por hechos ocurridos fuera de Estados Unidos, un precedente destacado por el propio Departamento de Justicia como un hito en este tipo de procesos.
Por ahora, la decisión queda en manos del Departamento de Justicia, que deberá determinar si abre una investigación independiente de las causas ya activas en Nueva York.
