En medio de la controversia por la supuesta compra del software espía Pegasus, este miércoles, exfuncionarios y altos mandos militares del gobierno de Iván Duque negaron rotundamente cualquier implicación en la adquisición de dicho programa. En una declaración firmada por los exministros de Defensa Guillermo Botero y Diego Molano, el exdirector de Inteligencia, almirante (r) Rodolfo Amaya, y el exconsejero de Seguridad Rafael Guarín, los exfuncionarios aseguraron que “nunca se ordenó la adquisición del software por parte del Estado colombiano”. Además, recalcaron que no existen registros oficiales que confirmen esta compra.
Según la misiva, el expresidente Duque no participó en ningún proceso de adquisición de bienes o servicios relacionados con espionaje digital, y todas las entidades bajo su mandato recibieron instrucciones claras de seguir los lineamientos de contratación estatal, priorizando la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esta afirmación se sustenta en que tanto el Ministerio de Defensa como la Dirección de Inteligencia de la Policía han confirmado que no hay evidencia de la compra en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) ni en los gastos reservados.
Los exministros y oficiales de la cúpula militar reiteraron su compromiso con la legalidad, afirmando que “actuaron bajo un estricto apego a la ley y la Constitución”. Aseguraron que las relaciones con otros Estados en temas de seguridad y cooperación internacional se desarrollaron dentro de un marco de transparencia, con el objetivo de combatir el crimen transnacional.
El escándalo que envuelve a la administración Duque sobre el software Pegasus surgió después de que el presidente Gustavo Petro denunciara la supuesta compra del programa por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) por 11 millones de dólares durante el mandato anterior. Este software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, tiene la capacidad de espiar comunicaciones móviles y ha sido señalado en múltiples ocasiones por su uso indebido en varios países, incluyendo el seguimiento ilegal de figuras públicas.
Las denuncias en Colombia apuntan a que Pegasus habría sido utilizado para espiar a magistrados y empleados de las altas cortes del país. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación para esclarecer si la compra efectivamente se realizó y si fue utilizada con fines ilegales. Entre los puntos que están siendo investigados se incluyen las negociaciones entre Dipol y NSO Group, el origen de los fondos utilizados, y si la compra fue monitoreada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Además, en medio de esta controversia, el Grupo Egmont, una organización de inteligencia financiera global, anunció que Colombia ha sido suspendida de sus actividades debido a la filtración del presidente Petro sobre Pegasus. Esta decisión aísla al país en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, lo que ha encendido aún más las alarmas dentro del gobierno y la comunidad internacional.
Mientras el proceso de investigación avanza, tanto los exfuncionarios del gobierno Duque como el actual mandatario mantienen posturas radicalmente opuestas sobre el caso. Mientras los primeros insisten en su inocencia y en la legalidad de sus acciones, Petro ha sido enfático en señalar la gravedad del asunto y la necesidad de aclarar el uso de recursos públicos para actividades de espionaje interno.
El destino de esta investigación marcará un hito en la historia política y judicial de Colombia, y determinará si existieron abusos de poder relacionados con la supuesta compra de Pegasus bajo la administración de Duque.
