Con una batería de medidas que incluye una lista negra internacional, estrictos controles de ingreso y advertencias de deportación, Estados Unidos ha desplegado un robusto dispositivo de seguridad para el Mundial de Clubes 2025, que inicia este 14 de junio y se extenderá hasta el 13 de julio.
El endurecimiento de las políticas migratorias bajo el regreso de Donald Trump a la presidencia ha generado preocupación entre los millones de fanáticos que llegarán al país para disfrutar del torneo. “Que vengan, queremos que celebren. Pero cuando se acabe, tendrán que irse a casa”, sentenció el vicepresidente JD Vance durante una rueda de prensa en la que también participaron Trump, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Entre las medidas más llamativas se encuentra la colaboración con gobiernos aliados como el de Argentina, que entregó a EE.UU. una lista de más de 15.000 personas vetadas en eventos deportivos por conductas violentas. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, destacó que esta cooperación busca garantizar entornos seguros en los espectáculos deportivos.
La decisión también responde a los escándalos de seguridad vividos en la final de la Copa América 2024, cuando miles de aficionados invadieron el estadio Hard Rock de Miami al colarse por vallas y conductos de ventilación. Casi un año después, ese mismo recinto albergará el partido inaugural del Mundial de Clubes con Lionel Messi y el Inter Miami enfrentando al egipcio Al Ahly.
El torneo contará con la presencia de clubes como Real Madrid, Bayern de Múnich y Boca Juniors. En total se disputarán ocho partidos de fase de grupos y dos de octavos, todos con un refuerzo considerable en los controles de ingreso. “Habrá múltiples puntos de seguridad y control de entradas”, aseguró un portavoz del estadio a Axios.
Este evento no solo pone a prueba la capacidad organizativa de EE.UU., sino que también funciona como ensayo general para el Mundial masculino de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En este contexto, las 11 ciudades estadounidenses que serán sede del Mundial están en pugna con el Gobierno federal para obtener 625 millones de dólares destinados exclusivamente a cubrir gastos de seguridad, según reportó The Atlantic.
En paralelo, en California se estudia una propuesta legislativa para añadir un recargo de cinco dólares a cada entrada de eventos deportivos y así financiar mejoras en el transporte público durante los JJ.OO. de 2028, una estrategia que busca disminuir el tráfico vehicular y reducir la necesidad de personal de seguridad vial.
Con un estimado de 40 millones de dólares en ingresos públicos por el torneo, EE.UU. se prepara no solo para ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel, sino también para demostrar su capacidad de garantizar la seguridad sin ceder terreno en su política migratoria.
