Culminaron las audiencias preliminares de los cuatro procesados por el caso Balboa, con la notificación de la medida de aseguramiento a Diego Franco Barco, el jefe de control interno de la alcaldía, quien tendrá que afrontar su proceso detenido en su domicilio.
La juez promiscua de Balboa indicó que en efecto existe una inferencia razonable de presunta autoría a título de dolo en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros en concurso con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
En su decisión, la jurista tuvo en cuenta la edad del imputado, así como su estado de salud y la responsabilidad que este tiene con su esposa, igualmente adulta mayor.
Su proceso
Durante la imputación de cargos y la argumentación para solicitar la medida de aseguramiento, la fiscal del caso mencionó como protagonista principal de este proceso a Diego Franco Barco como quien presentó los estudios previos del proyecto el rediseño institucional de la alcaldía de Balboa, función que no le correspondía. Así mismo, presentó varias evidencias sobre la participación de este funcionario durante la ejecución del estudio, toda vez que sería él, en coordinación con el contratista Ancízar Urazán, quien realizó las entrevistas a los funcionarios sobre la carga laboral y sus funciones.
Pero tal vez en lo que más énfasis hizo la fiscalía fue en lo descubrimientos que los peritos asignados hicieron en el computador institucional del jefe de control interno, pues en estos encontraron 62 correos electrónicos en los cuales él daba recomendaciones o incluso órdenes y allegaba documentos requeridos para que la Asociación Líderes Comunitarios Semilla en efecto pudiera hacerse al contrato número 023 de 2020.
Creó documentos
En este computador también encontraron que en él se realizaron documentos como las certificaciones de experiencia que se le exigía a Semillas y que presuntamente expidió la Fundación Kinel, es decir, estos documentos nunca los elaboró Kinel por lo cual serían falsos.
Habría manipulado
En las audiencias también se dijo que Diego Franco instó a Luis Óliver Sánchez, interventor del proyecto, en presentar informe positivo sobre la ejecución del estudio por parte de Semillas, aunque esta asociación no justificó en qué invirtió el anticipo del 50% del valor del contrato.
Lleno de irregularidades
Como ya se ha mencionado en informes periodísticos anteriores, la fiscal manifestó en las audiencias que el contrato 023 a la luz de la contratación pública violaría varios principios: La Asociación no cumpliría con requisitos mínimos para ejecutarlo como idoneidad y experiencia. En este no se justificaba el valor, no hubo estudio del sector para establecer una oferta más favorable y no era congruente con el Plan de Desarrollo del municipio.
Además este servicio pudo haber sido gratuito pues la Escuela Superior de Administración Pública, Esap está facultada para prestarlo sin costo a los municipios de sexta categoría.
La fiscalía investiga tres contratos más entre la alcaldía y la Asociación Semillas.
