La juez promiscua de Balboa resolvió en la mañana de ayer la medida de aseguramiento de tres de las cuatro personas procesadas por dos delitos relacionados con corrupción en el municipio de Balboa, entre ellos el alcalde Huberto Vásquez Vásquez. La decisión de la togada fue dictarles medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia con vigilancia electrónica.
El próximo lunes se resolverá la situación de Diego Franco Barco, jefe de control interno, quien es la persona que, según la investigación de la Fiscalía, tendría más responsabilidad en el hecho investigado.
Recordemos que los procesados son el alcalde Huberto Vásquez Vásquez, Diego Franco Barco jefe de Control Interno, Víctor Yesith Sánchez Lozano, secretario de Planeación y María Isabel Morales Hidalgo, representante legal de la Asociación Líderes Comunitarios Semilla.
La juez, en la decisión tomada hasta el momento, indicó que a su juicio sí existe una inferencia razonable de presunta coautoría y participación en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros en concurso con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Agregó que en este en efecto se violaron los principios de la contratación pública de economía, toda vez que prefirieron pagar $50 millones 800 mil pesos a un tercero, aunque la Esap lo hacía gratis; además de otros como experiencia, idoneidad y transparencia.
Denuncia
La investigación en contra de estas personas nació a raíz de una denuncia allegada a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la realización de contratos entre la Alcaldía de Balboa y la Asociación Semilla.
En este caso la fiscalía 28 seccional de Pereira investigó el contrato 023 de 2020 firmado el 17 de septiembre que tenía como objeto “prestar los servicios de profesionales para la realización de un estudio técnico de rediseño institucional que soporte la nueva estructura organizacional y la planta de personal de la alcaldía del municipio de Balboa, con base en la guía de rediseño para entidades del orden territorial de la función pública”.
La fiscalía en su intervención pidió detención en centro carcelario para todos ellos, recordemos que la imputación se realizó el 21 de julio, tres días después de la detención y ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Argumentos
Tres semanas han transcurrido desde el momento de la captura tiempo durante el cual se han realizado varias sesiones de estas audiencias preliminares, en las cuales tanto la fiscal como los cuatro abogados defensores han expuesto de manera extensa sus argumentos.
En estas la fiscalía reveló detalles de la investigación, con el fin de demostrar que estas cuatro personas deberían ser enviadas a prisión debido a que serían un peligro para la sociedad, la víctima, es decir la administración de Balboa y podrían obstruir el proceso, toda vez que podrían ocultar o destruir elementos de prueba.
Por su parte, los defensores coincidieron en decir que no hay inferencia razonable en que se haya cometido un delito o actuado de mala fe, que el contrato sí se realizó mediante un tercero y que, debido a que se trataba de una adjudicación directa, no era necesario estudiar el mercado o consultar con otras entidades como la Esap, que presta este tipo de servicios a municipios de categoría sexta.
Diego Franco, ¿el más hundido?
Según la fiscalía en la investigación encontraron varias irregularidades:
Diego Franco Barco como jefe de control interno no tenía facultades para proyectar el contrato 023, sin embargo, fue él quien se lo presentó al secretario de Planeación, este manifestó su desacuerdo, aún así le hizo ajustes y lo aprobó.
Según la inspección de los investigadores de la Fiscalía al computador institucional de Diego Franco, aparecen correos electrónicos emitidos a otros funcionarios de la alcaldía en los cuales habla sobre el contrato, envía documentos, certificaciones y da órdenes para su ajuste y aprobación, en total serían 62 correos.
En el mismo computador encontraron que desde él se producían documentos de la Asociación Semilla, así como de la Fundación Kinel, la cual emitió las certificaciones de experiencia exigidas para el cumplimiento de los requisitos; es decir, al parecer él mismo los creaba y realizaba con las fechas que eran necesarias aunque no fueran reales, en este orden de ideas las certificaciones serían falsas.
La investigación indica que Franco Barco presionó a Luis Óliver Sánchez, quien era el interventor del contrato, para que firmara el seguimiento a conformidad, pese a que la Asociación no había justificado en qué se gastó el anticipo del 50% del valor del contrato.
El mismo Diego Franco, en coordinación con Ancízar Urazán, contratista de la alcaldía, ejecutaron el contrato. Según la fiscalía, esto se corroboró con las entrevistas a varios funcionarios que fueron encuestados por ellos dos sobre la carga laboral y funciones que desempeñaban.
El Alcalde
Además de referirse al incumplimiento en la vigilancia del cumplimiento de los requisitos por parte de la Asociación Semillas, de aprobar y desembolsar los recursos, la fiscalía señaló que, el mandatario sería consciente de las irregularidades que se estaban cometiendo toda vez que, cuando el personero Marino Ocampo cuestionó siete contratos que consideraba irregulares, Huberto Vásquez le habría respondido “usted quiere ser amigo o enemigo mío”, lo cual el personero tomó como una amenaza y así se lo dio a conocer a la fiscalía en una entrevista, aunque no interpuso una denuncia por ello.
Lleno de irregularidades
El contrato 023 a la luz de la contratación pública violaría varios principios:
La Asociación no cumpliría con requisitos mínimos para ejecutarlo como idoneidad y experiencia. En este no se justificaba el valor, no hubo estudio del sector para establecer una oferta más favorable y no era congruente con el Plan de Desarrollo del municipio.
Sería falso
Una de las argumentaciones de la defensa en favor de los procesados fue la presunta vinculación de Ancízar Urazán (quien terminó ejecutando el contrato), con la Asociación Líderes Comunales Semilla. Dijeron que él fue contratado de manera verbal por Semillas para ese trabajo; sin embargo, la Fiscalía evidenció que entre Urazán y María Isabel Morales solo se registra una llamada telefónica ocurrida en mayo de este año, lo cual significaría que ellos nunca antes habían tenido relación.
Otros contratos
Si bien esta investigación solo es por el contrato 023 la fiscal sí mencionó que en la Fiscalía 20 Seccional de Pereira se adelanta otro proceso contra estos y otros funcionarios por irregularidades en 7 contratos por valor de 180 millones de pesos; entre ellos 3 en los que interviene la Asociación Semillas, estos son: el contrato 042 de una campaña contra el Covid por $21 millones; el contrato 049 del 10 noviembre de 2020 de Bienestar social por $10 millones 500 mil pesos y el 060 de diciembre de 2020 de Producción avícola por $20 millones.
