Al expresidente se le atribuye responsabilidad en más de 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales durante su mandato en Colombia
El fiscal argentino Carlos Stornelli abrió una investigación formal contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante su gobierno entre 2002 y 2010. La indagación está relacionada con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas Armadas colombianas.
Stornelli solicitó a un juez la realización de pruebas y la tomar testimonios de los familiares de las víctimas que denunciaron al exmandatario en Argentina. Entre los denunciantes se encuentran Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo.
La investigación señala que los presuntos crímenes dejaron un saldo de “6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídas en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como ‘falsos positivos’”.
La causa busca determinar la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe “en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia entre el 08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008”.
La apertura de la investigación fue posible gracias al principio de jurisdicción universal y la invocación del “artículo 118 in fine de la Constitución Nacional, la ley 26.200, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación”, que permiten investigar y juzgar crímenes contra el derecho de gentes incluso fuera del lugar donde fueron cometidos.
Ante esta situación, Stornelli solicitó al juez Sebastián Ramos realizar solicitudes internacionales con base en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de la OEA, firmada, ratificada y depositada por Argentina y Colombia. Lo siguiente será requerir a la Presidencia de Colombia, así como a los ministerios de Defensa y del Interior, que remitan copias certificadas de actas, notas internas y comunicaciones entre 2002 y 2010 relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate.
